Los cuatro guardias civiles afectados se encontraban destinados en la Subsecretaría de Defensa, en situación de reserva activa cuando la Administración les dejó de abonar el Complemento Específico Singular (CES), desde el mismo día en el que se empezó a abonar a los policías nacionales y guardias civiles las cantidades de la ‘Equiparación Salarial’.
Por lo que los servicios jurídicos de AUGC Melilla decidieron intervenir emprendiendo acciones legales en los tribunales que reiteraron una serie de sentencias que finalmente ganaron.
Por otro lado queremos destacar que en esta ocasión no se ha sancionado a la Administración con costas. Y además no van a recurrir en casación porque el Abogado del Estado se ha allanado, o sea, no ha discutido nuestra demanda. Es lamentable que pese a la existencia de Sentencias del Tribunal Supremo que dejan claro esta cuestión, los guardias civiles se vean obligados a recurrir a los tribunales para ejercer sus derechos.
Desde AUGC Melilla, felicitamos a los guardias civiles en reserva activa a los que se les ha hecho justicia y que la Administración debe abonar el CES con efectos retroactivos de la Equiparación Salarial en la misma cuantía que perciben los guardias civiles en activo.
Esta acción demuestra una vez más que en los servicios jurídicos de AUGC gozamos de los mejores profesionales para nuestros afiliados en los distintos ámbitos y tribunales, dejando patente que, tanto a nivel provincial como nacional, ofrecemos un trato cercano y efectivo que nos pone por encima de las demás organizaciones.
Desde la Junta Directiva Provincial de AUGC Melilla, queremos mostrar nuestra satisfacción por la sentencia estimatoria para nuestros afiliado y felicitar a nuestros servicios jurídicos A&J Abogados, Miguel Carbajo y a nuestros cuatro afiliados por este nuevo logro, aunque por otro lado debemos denunciar y lamentar el modo de actuar de quienes dirigen la Institución dictando continuamente resoluciones injustas y arbitrarias contrarias a los intereses de los guardias civiles que han iniciado el mismo recorrido, y como una y otra vez tiene que ser el ciudadano el que salga perjudicado, viendo cómo se dedican recursos económicos a pagar las costas judiciales de los procedimientos que se ven obligados a emprender los agentes, condenando en costas a la Guardia Civil por sus nefastas resoluciones.