AUGC lleva años denunciando el abandono de los guardias civiles destinados en el medio rural. Para ello reclama no sólo un cambio del modelo policial actual, con concentración de los recursos en cuarteles comarcales potentes, y refuerzo de los equipos, sino también medidas complementarias que incentiven el trabajo de estos compañeros, tanto a través de un plus económico como de otras medidas sociales y de promoción profesional.
Desde el mundo de la política son ya varias las formaciones que se han hecho eco de estas propuestas, hasta el punto de hacerlas suyas.
Es el caso de Coalición Canaria, Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Regionalista de Cantabria, que han presentado de manera conjunta en el Senado, en el marco del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, tres enmiendas de adición relativas a mejorar los salarios, efectivos y actuaciones de la Guardia Civil.
A través de una enmienda de adición, solicitan el incremento del 10% de las cuantías recogidas en tres capítulos relativos al presupuesto destinado a la Guardia Civil, para atender la demanda de personal en el medio rural, para aumentar la disposición presupuestaria para gasto corriente así como para acometer en mayor medida las inversiones destinadas a la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en este mismo ámbito.
Una segunda enmienda pide que los agentes de la Guardia Civil con destino en puestos considerados de difícil cobertura, como son las zonas rurales con baja densidad de población, áreas de montaña y otras zonas ultra periféricas, perciban el complemento R3 de territorialidad que tienen reconocido y perciben los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
La tercera enmienda propone la adición de un nuevo punto en el Artículo 46 del Real Decreto que regula el pase de agentes a la situación de reserva, que establezca que los agentes de la Guardia Civil en situación de reserva puedan realizar tareas administrativas, así como efectuar labores de control o seguimiento de víctimas protegidas de Violencia de Género. En su argumentación inciden en que esta medida no deberá suponer, “en ningún caso, una merma de la plantilla orgánica de ese puesto” sino que se deberá “ocupar la plaza orgánica que se deja libre”.