En los próximos días comenzará en el Tribunal Militar Territorial de A Coruña el juicio contra un Guardia Civil destinado en León al que la Fiscalía Togada Militar pide veinte meses de prisión por unos hechos que se produjeron cuando se encontraba fuera de servicio, y en los que intervino otro miembro de la Guardia Civil, de superior empleo, en labores administrativas.
La acción penal surge a impulso del mando militar de la Guardia Civil que remite lo actuado a la jurisdicción militar, a pesar de que los hechos habían sido calificados como falta disciplinaria y no como delito y menos de la jurisdicción militar.
Nuevamente, por tanto, una mera discrepancia deriva, en aplicación del injusto y arbitrario Código Penal MIlitar, en la posibilidad de que un trabajador acabe entre rejas, una situación inverosímil en cualquier Estado de derecho.
Y es que, además, desde hace unos meses, AUGC está constatando que se ponen en conocimiento, por los mandos de la Guardia Civil a los órganos de la jurisdicción militar, hechos en los que intervienen miembros del Cuerpo, sucedidos en actuaciones policiales o, incluso, fuera de servicio, entre miembros de la Guardia Civil, haciendo una interpretación extensiva y desorbitada de las competencias de la jurisdicción militar y de la aplicación del Código Penal Militar.
Aunque no se ha podido constatar, todo apunta a que se han dado instrucciones de remitir a la jurisdicción militar hechos que siempre han sido tenidos por meras infracciones disciplinarias. Sin duda, estamos ante una situación de remilitarización de la Guardia Civil y de una involución en los derechos de ciudadanía de los y las Guardias Civiles, coincidente con la llegada a la Dirección General de la Guardia Civil de María Gámez.
De la situación que ahora vive el compañero de León encontramos numerosos precedentes en meses recientes. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado mes de junio representantes de AUGC se concentraban en Sevilla ante la sede del Juzgado Togado Militar para protestar contra el procesamiento a tres Agentes destinados en Sevilla, y afiliados a la delegación de AUGC en esta provincia.
A estos trabajadores se les incoaron diligencias previas por la posible comisión de delitos contra la disciplina militar. El motivo fueron unos supuestos audios difundidos en un chat privado de WhatsApp, y que tras llegar de forma casual a algún oficial provocaron la apertura de este caso, ya que supuestamente en dichos audios se criticaba a dos oficiales por sus actuaciones durante los inicios del Estado de Alarma.
AUGC considera que hechos, como el que ahora va a ser enjuiciado, deben ser tratados como meras faltas disciplinarias y no como delitos militares de los que se derivan penas de prisión