La Proposición de Ley del Partido Popular para terminar con las desigualdades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas ha sido rechazada gracias al voto del Gobierno y de sus socios dando la espalda a policías y guardias civiles.
Gracias al Acuerdo de Equiparación que se firmó en 2018, hoy policías y guardias civiles disfrutan del mayor aumento salarial conocido en sus nóminas mensuales, y a pesar de que los gobiernos de turno cumplieron con la parte más relevante del acuerdo aún restan por ejecutar las cláusulas del pacto que terminarían por completo con las desigualdades que sufren policías y guardias civiles respecto a las policías autonómicas.
Es incompresible que siendo el Estado español el mismo pagador de policías, guardias civiles y policías autonómicas, a día de hoy pervivan las desigualdades salariales y sociolaborales con Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. Igual de injusto es que tres años después de firmar el acuerdo, aún no se haya cumplido en su integridad.
Todavía más indignante es que en el Congreso de los Diputados el Gobierno y sus socios frustren la Proposición de Ley que presentaba el Partido Popular para que se cumpla el acuerdo por completo y por tanto la equiparación total entre las fuerzas policiales.
Tal y como se escuchó en el Congreso, el único motivo por el que se ha permitido un modelo retributivo injusto para policías y guardias civiles ha sido la falta de interés en regular la Ley, quizá para seguir usando la política de seguridad como una moneda de cambio en política.
Por todas estas razones, tanto el SUP como AUGC seguirán insistiendo con fuerza en que el Gobierno modifique la Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 para terminar para siempre con la diferencia de sueldo de policías y guardias respecto a otros cuerpos que cobran más por realizar el mismo trabajo.
Igualmente, reclamamos el cumplimiento de las cláusulas que implican que los policías y guardias se puedan jubilar con la misma pensión que los policías autonómicos, cobrar las horas extras igual que ellos, o que se abonen las asistencias a juicios en las mismas condiciones que un mosso o un ertzaina.
Todo ello, con el visto bueno de una auditoría independiente con participación de las asociaciones y sindicatos firmantes del Acuerdo de Equiparación de 2018.
En definitiva, exigimos que se deje de usar con fines políticos algo tan fundamental como es la seguridad ciudadana y se acabe con la discriminación que sufren sus principales garantes, que son los policías y guardias civiles. Entre tanto, SUP y AUGC han conseguido importantes avances en el terreno judicial para conseguir el cumplimiento íntegro de algunas cláusulas del acuerdo, y seguiremos explorando esa vía ante la falta de voluntad del Gobierno para ejecutarlas.