Según datos oficiales obtenidos por AUGC, durante 2020 se incrementaron un 16% los expedientes disciplinarios instruidos a los guardias civiles y cabos de la provincia de Córdoba, dato que es aún más preocupante si se tiene en cuenta que los expedientes en cómputo global han descendido un 11% en ese mismo periodo de tiempo, contrariamente a lo ocurrido con la escala básica. Pero es que además, si tomamos como referencia 2018, las sanciones disciplinarias han crecido en 2020 un 50%.
También se pone de manifiesto que una vez más, igual que ocurre desde hace décadas, el rigor disciplinario afecta casi exclusivamente a la escala básica, compuesta por los Cabos y Guardias, porque en esta provincia durante 2020 el 88% de los expedientes les afectaron a ellos, mientras que solo el 12% fue para los Suboficiales y ninguno a los Oficiales. Se confirma así lo que AUGC siempre ha denunciado, que en la Guardia Civil de Córdoba cuanto menor sea la graduación mayor es la posibilidad de ser expedientados y sancionados.
Pero AUGC no entiende a qué se debe este excesivo rigor disciplinario, puesto que la mayoría de situaciones conflictivas se pueden solucionar por métodos menos traumáticos, porque de lo contrario se desvirtúa y se utiliza incorrectamente la vía disciplinaria, como pone de manifiesto el hecho de que en 2020 el 28% de los expedientes instruidos a guardias y cabos en esta provincia no han finalizado con la imposición de sanción disciplinaria, en muchas ocasiones gracias al trabajo de los servicios jurídicos de AUGC.
No en vano el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), órgano del Consejo de Europa, en su último informe se hace eco del elevadísimo número de sanciones disciplinarias impuestas en la Guardia Civil, y recomienda revisar su régimen disciplinario para reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad.