Los guardias civiles y policías se ven implicados cada día en una serie de agresiones derivadas de actuaciones policiales en las que los agentes se encuentran, la mayoría de las veces, indefensos ante el número de agresores que supera al de los agentes sumado a la falta de medios y materiales adecuados para actuar.
Existen muchos motivos que desencadenan estas situaciones, pero las más comunes son faltas de respeto a los agentes de la autoridad, plantillas mermadas, sensación de impunidad con penas irrisorias a los delincuentes y desprecio a las normas por parte de la población que delinque. Cuando el agresor agrede a un agente solo paga 200 euros, lo que demuestra que es una situación insostenible y grave.
A su vez, en los últimos años ha habido una reducción en el número de efectivos en muchas fuerzas de policía debido a las jubilaciones tanto voluntarias como forzosas que se han producido. El Gobierno ha respondido de manera lenta en lo que respecta a las tasas de reposición.
El Ministerio del Interior en el Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año 2024, y en comparación con igual período de 2023, ya que se observa un aumento de 3,2 por ciento más de delitos (18.968 delitos más). Una evidencia más de la falta de garantías que existen y los riesgos a los que los agentes están expuestos cada día.
Lo que demuestra que la situación de la calle está en una continua evolución y la Guardia Civil debe preocuparse por los riesgos diarios que surgen y se afrontan. Cuando la integridad física peligra, la protección de los trabajadores tendría que ser primordial y actualmente no existen chalecos antibalas para un uso individualizado y la dotación de Pistolas Taser no llega todos los puntos de España. Esto pese a que sus cámaras son imprescindibles para obtener pruebas de los delitos e intervenciones. Faltan medios técnicos y materiales para poder realizar el trabajo en números destinos y especialidades.
Durante el año 2022 las agresiones aumentaron considerablemente con respecto al 2021. Sobre todo, las agresiones físicas sin armas, según las estadísticas que aporta el Ministerio del Interior cada año. Para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y mayor protección jurídica, sino voluntad política para acabar con la discriminación de ser los únicos operadores de seguridad que no tienen acceso a la jubilación anticipada, que se ven abocados a estar en servicio en una profesión que el Gobierno se niega a reconocer como profesión de riesgo, siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes quedan excluidos de este reconocimiento.
Por ello, AUGC lleva años demandando el endurecimiento de las penas a los agresores de agentes de la autoridad y el aumento de material necesario de defensa y protección ajustado a la situación actual.