El Tribunal Supremo (TS) ha revocado, por falta de motivación, una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que en septiembre de 2019 absolvió a al coronel Francisco García Santaella de los delitos de tráfico de hachís y de cohecho al no valorar como objeto del tráfico 4.000 kilos de hachís de baja calidad que los 'narcos' y el alto mando dejaron de señuelo. Ahora la Sala de lo Penal del Supremo ordena repetir la sentencia y muestra su incredulidad sobre que el tribunal considerara ese hachís "un regalo al Estado"
De hecho, el Supremo no solo anula, sin que considera "sonrojante" la absolución a Santaella
De esta manera, el tribunal ha estimado sendos recursos de casación de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercitada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y concluye que la argumentación de la sentencia de la Audiencia «carece de las precisas notas de lógica y racionalidad».
El acusado era comandante jefe de la Policía Judicial de la provincia de Granada, con funciones de dirección y coordinador, entre otros, del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ), con mando todas las operaciones antidroga realizadas en el ámbito de la citada comandancia.
Hay que recordar que en 2019, al conocerse la absolución de García Santaella, AUGC, que estaba personada como acusación popular, ya manifestó su indignación y perplejidad. Y ello a pesar de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada consideraban "acreditado" dicho delito, si bien reconocen en el fallo que el mismo había prescrito cuando se produjo la imputación.
El coronel estaba acusado de facilitar por un soborno de 120.000 euros la entrada de un cargamento de hachís en la costa de Granada. La Fiscalía pedía para él nueve años de cárcel.
Para AUGC, se trata de unos hechos de especial gravedad -Santaella era en el momento de los hechos máximo responsable de los equipos antidroga de esa comandancia andaluza, y posteriormente pasó a ocupar un puesto en la Dirección General- que con la absolución de 2019 quedaban sin castigo a causa de la exasperante lentitud de la maquinaria administrativa, que de este modo provocaba que quedase impune una acción contra la salud pública cometida precisamente por la persona cuyo cometido era preservarla.
Para AUGC, este fracaso dejaba en evidencia el anquilosamiento burocrático de la Guardia Civil, que una vez más no supo reaccionar con la celeridad necesaria para combatir la corrupción dentro del Cuerpo, que tantas veces hemos denunciado.
Ahora, con esta revocación por parte del Supremo, AUGC confía en que por fin se imponga la justicia en este asunto.