Así lo indica un reciente auto del Tribunal Militar Central, por el que se desestima el recurso presentado por la Fiscalía Militar solicitando su no investigación, al considerar que no existían hechos susceptibles de sostener una denuncia. El auto inadmite el recurso confirmando la resolución dictada, por no ser recurrible en apelación.
La denuncia por la situación vivida fue interpuesta por un guardia al llegar a su puesto en Llodio (Álava), a finales de 2015. El agente que tuvo enfrentamientos con varios mandos y, en consecuencia, se le abrieron varios expedientes disciplinarios. Como en otras ocasiones de presunto acoso laboral dentro de la Guardia Civil, el guardia recurrió al servicio de psiquiatría del cuerpo, que calificó el caso como de “acoso laboral”. A este agente se le abrieron cuatro expedientes por faltas graves y uno por una falta muy grave entre junio de 2017 y abril de 2018, lo que le supuso perder el destino y multas que suman unos 15.000 euros.
Ahora las diligencias las continuará un magistrado de la Sala de lo Militar, que deberá ser nombrado instructor, por estar el teniente general aforado ante el Tribunal Supremo, de la misma manera que lo estaría un miembro del Gobierno.
Estos aforamientos, auténticos privilegios, son un dato más de la perentoria necesidad de reformar y modernizar la jurisdicción militar. Cuando la sociedad española y los partidos políticos han identificado la necesidad de acabar con los aforamientos, los Tenientes Generales de la Guardia Civil, continúan aforados al igual que quienes tienen las más altas responsabilidades institucionales en nuestro país. Es decir, un teniente general, que tiene categoría de subdirector general en el ámbito de la Administración General del Estado, está aforado como los ministros y diputados. Es todo un anacronismo democrático y un reto inaplazable para la Justicia.