La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifiesta su preocupación y desacuerdo con la reciente decisión del Gobierno en Consejo de Ministros de sacar a licitación el concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), mientras deja en el aire el correspondiente concierto para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) a la que pertenecen los guardias civiles. Esta decisión evidencia una vez más la falta de interés y consideración hacia las necesidades de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes también dependen de ISFAS para su atención sanitaria.
El hecho de que el Gobierno avance en la renovación del concierto de MUFACE y no en el de ISFAS resulta inadmisible, ya que crea una situación de incertidumbre para miles de guardias civiles y sus familias que dependen de estos servicios de salud. Esta falta de previsión pone en riesgo el acceso a una cobertura sanitaria adecuada y estable, lo que no solo afecta a los guardias civiles y militares, sino también a sus familias, que merecen el mismo trato y las mismas garantías que el resto de funcionarios públicos.
Desde AUGC instamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para iniciar de inmediato el proceso de licitación del concierto de ISFAS, asegurando así la continuidad y calidad de la atención sanitaria para nuestros afiliados y sus familias. Exigimos una respuesta clara y contundente sobre el futuro de ISFAS y un compromiso firme de no discriminar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este aspecto tan fundamental como es la salud.
Por ello exigimos al Gobierno la inmediata renovación de los nuevos conciertos sanitarios para los guardias civiles y garantizar su calidad. Tras la firma del último concierto sanitario de ISFAS, venimos denunciando que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los conciertos sanitarios.
En este sentido, son destacables los recortes en los cuadros médicos, la escasez de centros asistenciales, la eliminación de clínicas y especialidades médicas (como las de oncología y radioterapia), el cobro de algunas pruebas médicas a los/as mutualistas, el gasto que se produce por el copago para paliar la diferencia en el gasto farmacéutico al llegar a la edad de jubilación por lo que exigimos que el pago que realizan de los medicamentos por parte de los/las mutualistas jubilados/as sea el mismo que los/las beneficiarios/as del Régimen General de la Seguridad Social.