Después de décadas de retraso, y de reclamaciones y denuncias por parte de AUGC por el incumplimiento de la legalidad vigente, por fin los guardias civiles tendrán derecho a la vigilancia de la salud.
La licitación publicada este año, con un presupuesto de 5.320.514,00 €, ha sido adjudicada a la empresa Medios de Prevención Externos Sur (Única empresa que participó en el concurso de adjudicación).
Esto garantizará que los guardias civiles cuenten con una vigilancia de la salud hasta el año 2022, que permita detectar, a tiempo, problemas de salud y necesidades de adaptación del puesto de trabajo, además de poder detectar enfermedades profesionales (de existir).
Desde AUGC hemos de felicitar a los encargados de gestionar económica y administrativamente la licitación. Sin embargo, una vez más, la Guardia Civil pretende regular un derecho de los trabajadores (que como decimos se hace con décadas de retraso) imponiendo recortes en otros derechos.
Por un lado, la Dirección General, ha decidido que todos los Guardias Civiles (sin excepción), de modo obligatorio, deben someterse a los reconocimientos médicos y lo hace sin contar con las asociaciones representativas, a pesar de que le obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los tribunales de justicia (entre ellos el Constitucional) ya se han pronunciado sobre esto y no se puede establecer la obligación por el simple hecho de pertenecer a un colectivo, sino que debe valorarse el puesto de trabajo efectivo del trabajador y fundamentar, mediante hechos objetivables, esa obligatoriedad.
Por si no fuese suficiente, a pesar de la prohibición legal de facilitar los datos médicos obtenidos en la vigilancia de la salud, sin consentimiento del afectado, la Administración ha decidido que, esos datos de los guardias civiles, sean cedidos por la empresa a los servicios médicos de la Guardia Civil.
AUGC ya ha iniciado las acciones legales precisas para evitar este nuevo atropello en los derechos laborales.
Con fecha 27 de agosto, hemos remitido escrito a la Directora General solicitando la anulación de la obligatoriedad y la apertura de un grupo de trabajo para que, con la participación de las asociaciones profesionales representativas, se decida que puestos de trabajo precisan de una vigilancia de la salud obligatoria.
También hemos presentado escrito ante el delegado de protección de datos de la Guardia Civil y de la empresa adjudicataria, para que se adopten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos, evitando la cesión de datos entre la empresa adjudicataria y la guardia civil.
Según avancen las resoluciones a nuestros escritos, impartiremos instrucciones a los afiliados al objeto de que hagan valer y respetar sus derechos como trabajadores.