La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la situación en las unidades de Seguridad Ciudadana de Cantabria, y en particular en la 6ª Compañía, ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una deficiencia estructural que afecta al funcionamiento del servicio y a la salud laboral de los guardias civiles. Con aproximadamente 1.200 agentes desplegados en la provincia y 136 plazas sin cubrir, la brecha entre las necesidades reales y los recursos disponibles resulta ya imposible de ignorar.
Una carencia que los propios hechos demuestran
La falta de personal no admite más eufemismos. La propia organización lo evidencia cuando se ve obligada a trasladar agentes desde Bizkaia para cubrir servicios ordinarios en Cantabria. Si es necesario recurrir a efectivos de otra provincia para mantener la actividad diaria, la conclusión es inequívoca: no existen guardias civiles suficientes de Seguridad Ciudadana en la demarcación.
A pesar de que la Delegación del Gobierno insiste en hablar de "máximos históricos", los datos y la realidad operativa demuestran lo contrario, generando además una falsa sensación de normalidad ante la ciudadanía que AUGC no puede permitir que se consolide.
Las nuevas unidades, un recurso necesario pero financiado con el personal equivocado
AUGC reconoce plenamente la utilidad y la necesidad de nuevas unidades especializadas como los Equipos VioGén, los Equipos ROCA o los Equipos Arroba, herramientas imprescindibles para adaptarse a las nuevas formas delincuenciales —violencia de género, crimen organizado, delitos telemáticos— que exigen respuestas específicas y formación especializada.
Sin embargo, no se puede aceptar que su creación se lleve a cabo a costa de detraer personal de una Seguridad Ciudadana ya de por sí insuficiente. Son los ciudadanos quienes pagan el precio real de esta decisión: cada agente destinado a estas nuevas unidades supone un efectivo menos en la patrulla preventiva, en la respuesta inmediata, en el servicio de proximidad que protege a la población en su día a día. Adaptar la Guardia Civil a los nuevos retos delincuenciales es una obligación; hacerlo esquilmando las unidades de base es una irresponsabilidad que traslada el coste a la seguridad pública.
Esta práctica provoca además un deterioro evidente de los recursos humanos disponibles y una sensación de desorganización que repercute directamente en la calidad del servicio. AUGC exige que la creación de nuevas unidades venga acompañada de catálogos de puestos específicos y dotaciones propias, sin que ello suponga un trasvase encubierto de personal desde Seguridad Ciudadana.
La salud laboral, al límite
La consecuencia inmediata de este déficit es la imposibilidad de implantar turnos estables, una reivindicación histórica. La irregularidad horaria, la falta de conciliación, la acumulación de horas extraordinarias y la presión operativa constante están generando bajas médicas en todas las unidades, sin excepción. Y lejos de interpretarse como una señal de alarma, estas bajas se traducen en una mayor carga para los compañeros que permanecen en servicio, mientras la exigencia por parte de los mandos no disminuye.
AUGC recuerda que esta situación no es una queja corporativa: es un riesgo real para la seguridad pública. Un guardia civil agotado, sin descanso adecuado y sometido a una presión continua no puede desempeñar su labor en condiciones óptimas. Y no se le puede exigir que lo haga.
AUGC Cantabria reclama:
Refuerzo inmediato de personal en las unidades de Seguridad Ciudadana de la provincia, con cobertura efectiva de las 136 plazas vacantes.
Revisión del uso indebido de efectivos de SC en cometidos ajenos a su especialidad, con la creación de catálogos específicos para las nuevas unidades especializadas que eviten seguir detrayendo personal de la base.
Implantación de turnos estables, que garanticen la salud laboral, la conciliación familiar y un rendimiento sostenible.
Un plan de seguimiento que evalúe el impacto de estas medidas y evite que la situación vuelva a deteriorarse.
AUGC no pide privilegios. Pide condiciones dignas, organización y respeto para quienes sostienen el servicio día tras día, y seguridad real para los ciudadanos a quienes sirven.
