Ante la propuesta realizada hoy por la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, a la Generalitat de Cataluña para que se ofrezca cursos de catalán a agentes de la Guardia Civil que tienen Cataluña como nuevo destino, AUGC quiere recordar que la mejor manera de incentivar a los agentes para que escojan esta comunidad autónoma como nuevo destino pasa principalmente por recompensar económicamente mediante un plus de territorialidad las dificultades que allí se sufre en el trabajo diario a causa de la tensión generada contra los guardias civiles por el independentismo radical.
Por otra parte, AUGC valora positivamente que los guardias civiles que trabajan en Cataluña tengan a su disposición cursos de catalán, ya que facilitarían su integración en su sociedad y la relación con los ciudadanos, aunque también debe mostrar su extrañeza por el hecho de que no se proponga una medida similar para los agentes destinados en otras comunidades autónomas que también cuentan con lengua oficial propia. En este sentido consideramos que el plantear esta cuestión de manera restringida a un territorio autonómico supone una clara discriminación respecto a otras comunidades. Una excepción en esta cuestión fue la Comunidad Valenciana, donde hace algunos años sí se impartieron cursos de valenciano a los agentes, de carácter voluntario, que tuvieron una notable aceptación, si bien se terminaron suspendiendo por falta de presupuesto.
Por otra parte, entendemos también que dichos cursos deberían tener un carácter voluntario, e impartirse, además, durante el tiempo de servicio
Al margen de esta cuestión idiomática, desde AUGC volvemos a insistir en la dificultad de trabajar y vivir en zonas donde buena parte de la población muestra una clara hostilidad hacia los agentes, un estrés que merece ser contemplado por la Dirección General a la hora de valorar la remuneración de un servicio.
En este sentido, el pasado lunes emitíamos una nota de prensa en la que recordábamos que la ruptura social provocada por el movimiento independentista sigue latente en los municipios de Cataluña, y continúa afectando a la vida cotidiana de los guardias civiles y sus familias.