La restitución en su puesto del teniente coronel Antonio Tejero Díaz, hijo del golpista Antonio Tejero Molina, que ha ordenado un juez de la Audiencia Nacional es un hecho lamentable, derivado de una mala gestión del Ministerio del Interior, por lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama la dimisión del ministro, Jorge Fernández Díaz.
La celebración del aniversario del 23-F que realizó Tejero Díaz daña significativamente la imagen de la Guardia Civil y de los agentes, por lo que se deberían adoptar medidas ejemplares contra quienes organizaron y participaron en él. Sin embargo, según se puede interpretar del auto de la Audiencia Nacional, el Ministerio del Interior no ha realizado una defensa intensa del cese del teniente coronel.
Un auto en el que se argumenta que no debería haber sido el ministro del Interior, sino el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien firmase el cese. Para AUGC, la asociación profesional mayoritaria en el Cuerpo, fue una medida de cara a la opinión pública y resulta intolerable que no se reparase en qué autoridad del Ministerio del Interior era la competente, por lo que existe una clara responsabilidad política atribuible al ministro.
Además, se han tratado de minimizar las sanciones que deberían recaer contra los organizadores de tan reprochable acto. Un hecho que ha generado alarma social, ha desatado un escándalo público y que no puede quedar impune.
Por ello, AUGC reclama la apertura de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave contra Antonio Tejero Díaz, antes de que puedan prescribir los hechos. Resulta inadmisible que el Ministerio del Interior trate de minimizar un acto que debería ser condenado con contundencia y sobre el que se deberían aplicar sanciones ejemplarizantes.
La restitución de Tejero Díaz es un triunfo para todos aquellos que quieren hacer de la Guardia Civil una institución anacrónica. Además, supone un agravio comparativo contra todos aquellos guardias civiles que son cesados, sin que se tenga en cuenta la pérdida de retribución económica y el daño al entorno familiar, como ha argumentado el juez en el caso de Tejero Díaz. Una clara demostración de que el aparato jurídico-militar de la Guardia Civil no es igual para todos, ya que cuando se refiere a las asociaciones profesionales y los representantes legítimos de los agentes no se comenten este tipo de fallos.