Los servicios jurídicos de AUGC han recusado al General Jefe del Gabinete y mano derecha de Félix Azón, Director General de la Guardia Civil, que ha sido designado vocal militar titular para el enjuiciamiento y fallo de los recursos contencioso-disciplinarios que han interpuesto representantes de AUGC ante el Tribunal Militar Central. Los recursos en los que se ha formulado la recusación, se refieren a sanciones disciplinaras confirmadas por el propio director de la Guardia Civil a representantes de AUGC, en lo que venimos denunciando como una “caza de brujas” y continuas represalias contra los legítimos representantes de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.
El primer caso se refiere a un guardia civil destinado en Castellón, Antonio González, que cumpliendo acuerdo de la Asociación, comunicó que no acudiría a una reunión con el jefe de la Comandancia en dicha provincia, algo propio de las relaciones que se mantienen como representantes asociativos en el contexto que marca la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
El segundo procedimiento, afecta a la guardia civil Alicia Sánchez, y es el relativo a la sanción impuesta a la secretaria de Igualdad de la Junta Directiva Nacional de AUGC, por no utilizar el chaleco antibalas oficial masculino, que ni era de su talla ni se adaptaba a su morfología.
Se da la circunstancia de que el general recusado es, además de jefe del Gabinete del director de la Guardia Civil, el secretario del Consejo de la Guardia Civil y del Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en la Guardia Civil, del que forma parte la secretaria de Igualdad de la Junta Directiva Nacional de AUGC. Además, ha manifestado en diversas ocasiones su malestar por las acciones y actuaciones de AUGC – muy recientemente en relación a la impugnación judicial que hemos realizado en relación a la normativa de destinos -, y se ha posicionado en contra de las mismas, de tal manera que no puede considerarse plenamente imparcial y objetivo para enjuiciar cuestiones que afectan a representantes de AUGC.
AUGC manifiesta, una vez más, la urgencia en modificar la actual configuración de la jurisdicción militar que permite que se produzcan situaciones como esta, que suponen que mandos militares de máxima confianza del poder político, decidan sobre las sanciones impuestas a representes de las asociaciones profesiones de guardias civiles.
En este caso, ha sido en un procedimiento contencioso-disciplinario militar, pero lo mismo puede ocurrir en procesos por delitos militares, juzgados por tribunales militares, dado que aún se aplica anacrónicamente el Código Penal Militar a los guardias civiles.