No tienen remedio. Conocida es por todos los guardias civiles la soberbia de los generales del Cuerpo, cuyo lobby constituye el verdadero poder en la Guardia Civil. Pero igualmente lamentable es la actitud del propio Gobierno, que se empeña en negar derechos democráticos básicos a los guardias civiles aún a costa de derrochar el dinero público en procesos judiciales que emprende sin que exista para ello más motivación que la de seguir reprimiendo a los trabajadores de la Guardia Civil. Tanta es esa prepotencia que incluso les lleva a cuestionar la legalidad, resistiéndose a acatar las sentencias judiciales que ponen coto a sus desmanes antidemocráticos.
Es lo que sucedió el pasado mes de noviembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSMJ) daba la razón a AUGC ante el recurso que presentó contra la prohibición por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid de la manifestación de guardias civiles convocada para el 14 de noviembre.
La sentencia fue, además, redactada en unos duros términos reprobatorios hacia la actitud del Gobierno de pretender impedir a los guardias civiles su legítimo derecho de manifestarse. La resolución declaraba “nula” la prohibición de la Delegación del Gobierno en Madrid “por no ser ajustada a Derecho y vulnerar el derecho fundamental de reunión y manifestación de los miembros de la Guardia Civil”. Además, los jueces del TSMJ recordaron en su sentencia que AUGC ya había realizado dos convocatorias similares en el pasado también autorizadas por la justicia contra el criterio de la Delegación del Gobierno. El duro varapalo también incluyó la imposición al Gobierno de pagar las costas del proceso judicial, un gasto irracional que al final deben pagar todos los ciudadanos
Pues bien, ese severo revés que le supuso al Gobierno la sentencia que permitió la Marea de Tricornios del 14 de noviembre no frenó sus incomprensibles ansias de represalia. Así, AUGC ha conocido que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso de casación en interés de ley ante el Tribunal Supremo. Este recurso pretende anular la sentencia del TSJM alegando una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley.
Desde AUGC volvemos a expresar nuestro estupor ante el recalcitrante empeño del Gobierno del Partido Popular en negar derechos democráticos elementales a los guardias civiles, como es el de manifestación. Algo que no suscita ya ningún tipo de extrañeza, y menos de alarma, en la sociedad española sigue constituyendo sin embargo una obsesión para determinados grupos políticos, que de esta manera demuestran estar sometidos a la imposición de los generales de la Guardia Civil.
Desde aquí le decimos al actual Gobierno en funciones y al Generalato que tengan claro que cuanto más se empeñen en negar los derechos de los guardias civiles, más peleará AUGC para que los guardias civiles puedan ejercer la plena ciudadanía.