La Comisión de Retirados de AUGC participará en la consecución de una ILP que ponga fin al copago farmacéutico

Representantes de la Comisión de Retirados de AUGC mantuvieron una reunión de trabajo con el fin de iniciar campaña de recogida de firmas.

AUGC trabaja para acabar con el copago farmacéutico.

El pasado día 25, Javier Torrellas, Coordinador Nacional de la Comisión de Retirados de la Asociación Unificada de Guardias Civiles asistió a reunión convocada por los promotores de la ILP #NoAlCopagoFarmacéutico RAGCE y AJPNE junto el resto de asociaciones, sindicatos y organizaciones que secundamos dicha iniciativa.

La finalidad de la misma, acabar con la desigualdad a la hora de acceder a medicamentos que supone el copago farmacéutico, cuestión soportada por los pensionistas de clases pasivas del Estado que pertenecen a ISFAS, MUFACE o MUGEJU, entre los que se encuentran los guardias civiles cuando llegan al final de su carrera profesional. Por tanto, esta es una cuestión que afectará a todos en gran medida, por lo que AUGC ha decidido trabajar hasta poner fin a este injusto copago farmacéutico por el que jubilados, retirados, viudas y huérfanos de guardias civiles han de abonar un 30% más para acceder a los mismos medicamentos.

Por eso tras la tramitación de la ILP en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de octubre 2019 y su aceptación se pone en marcha la mecánica para que entre todas las organizaciones participantes en unidad de acción, con lealtad, sumando y apoyando esta iniciativa se consiga por fin acabar con una discriminación clara y abusiva para los pensionistas de clases pasivas del Estado en relación con los del régimen general de la Seguridad Social.

Pensionistas, viudas/os, huérfanos, beneficiarios, tienen que seguir pagando un 30% de los medicamentos con el agravante en muchos casos de las exiguas pensiones de viudedad por ejemplo.

Simplemente queremos la equiparación en el copago farmacéutico con los mismos beneficiarios que reúnen la condición de asegurado pensionista de la Seguridad Social. Los poderes públicos son quienes deben respetar y garantizar que el acceso al derecho de protección a la salud sea en igualdad de condiciones para todos los beneficiarios del sistema sanitario, máxime cuando se ha pasado por el motivo que sea a la situación de pensionista, jubilado o retirado.

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