AUGC ha trasladado al Director General de la Guardia Civil mediante un pormenorizado informe escrito, los motivos por los que como asociación mayoritaria rechazamos frontalmente su gestión al frente de la institución. La pérdida de confianza hacia este responsable político viene motivada, básicamente por el desarrollo normativo, claramente negativo en cuanto el ejercicio de los derechos de los guardias civiles, que se ha realizado desde la Dirección General, en los 18 meses que lleva Félix Azón al frente de la Institución.
De esta manera, los integrantes del Cuerpo hemos tenido que presenciar cómo se pretendían aprobar normas restrictivas de derechos, inicialmente retiradas, sobre todo, por el rechazo frontal y las protestas enérgicas que ha emitido al respecto, AUGC, pero cuyo desistimiento definitivo por parte de la Dirección General no se ha producido, y donde esperan que se dé la coyuntura para volver a imponerlas. Nos referimos a la Orden General de policía, aspecto físico y trato con la ciudadanía (retirada por la polémica existencia de serias restricciones relacionadas con los tatuajes) y al Real Decreto de Sanidad de la Guardia Civil, que por tres veces se ha intentado que entrara en vigor y que supondría una pérdida importante de retribuciones a los guardias civiles que se vean afectados por un proceso de enfermedad.
O peor aún, normas restrictivas de derechos que siguen su tramitación pese al rechazo frontal de las asociaciones como ocurre con las normas de evaluación, pese a ser un sistema subjetivo e injusto pues está afectado de forma importante del IPEGUCI que, como sabemos, depende sobre todo de la valoración personal de mando superior; o el Real Decreto de incompatibilidades que, en la práctica, supondrá la imposibilidad para un guardia civil de ejercer otra actividad profesional, siendo los únicos servidores públicos que tendrán estas limitaciones; y también la Orden Ministerial que pretende establecer el procedimiento de la detección del consumo de alcohol y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que permitirá que los jefes de Unidad tengan acceso a datos de salud, especialmente protegidos.
En el tercer bloque nos encontramos con normas que, pese a ser informados positivamente por el Consejo de la Guardia Civil y de interés para los guardias civiles, sencillamente no se impulsa su tramitación definitiva. Como la modificación de la Ley de Personal que pretende subsanar despropósitos importantes como que se exija diferente titulación para ingreso en la Guardia Civil y en la Policía Nacional.
En cuarto lugar, proyectos normativos que no se desarrollan, aunque estén motivados en sentencias judiciales, como la inclusión de las asociaciones de guardias civiles en el órgano directo del ISFAS; el Reglamento de Destinos, que sigue sin solucionar las graves deficiencias en esta materia; o el desarrollo ejercicio del derecho de asociación profesional, que continua sin regulación específica.
La gestión de Félix Azón va más allá, e incluso aprueba normas que directamente excluyen la participación de las asociaciones, como es el caso de las Resoluciones de acoso laboral y acoso sexual o por razón de sexo que, por excluir, excluye hasta la participación de la propia víctima; o todo lo relacionado con la actividad formativa (centros decentes, registro de cursos que baremen oficialmente, etc.).
Tal paralización y limitaciones sistemáticas han conllevado a AUGC a solicitar la inclusión en el orden del día del pasado Pleno del Consejo, de tres puntos específicos:
Se ha pedido, en primer lugar, explicaciones sobre los polémicos borradores sobre jornada laboral, productividad y vacaciones. Algo que, por cierto, AUGC ha propuesto de forma insistente que se reforme, pues su enfoque adecuado supondría la plena equiparación con otros cuerpos policiales. Pero incluso, aunque se hayan rechazados – y retirados - ante la constatación de las cuestiones tan restrictivas que contenían los textos, no deja de ser sumamente amenazante que el Director General, pese a la insistencia expresa de AUGC, al respecto, Félix Azón no sea capaz, ni siquiera, de declarar públicamente que cualquier modificación al respecto no supondrá retrocesos en materias laborales.
El acceso del personal en reserva a la equiparación salarial, dado que, aunque existe una cláusula expresa al respecto en el acuerdo firmado con el Ministro del Interior y, tras la aplicación de dos de sus tramos, la Dirección General siga sin hacer nada al respecto.
Y una regulación moderna del régimen de la Asociación Pro-Huérfanos, pues es conocido el descontento y la desconfianza por su falta de transparencia que los guardias civiles, en general, demuestran hacia la gestión de una asociació sostenida obligatoriamente por todos.
Todo lo anterior, además, viene refrendado por el balance tan negativo que realiza el Consejo de Europa, por medio del Informe GRECO, señalando graves deficiencias en cuanto a los procesos internos de la Guardia Civil. Pero a la cúpula del Cuerpo no parece importarle demasiado lo que piensan al respecto, ni las asociaciones, ni Europa, ni en general, los trabajadores de la Guardia Civil, que llevan 175 años esperando derechos.
Para AUGC esta situación es inaceptable. Seguiremos ejerciendo nuestra legítimamente representación de la mayoría de los guardias civiles, de forma constructiva, pero también exigente. Y esa es la razón por la que hemos solicitado públicamente la dimisión del Director General, como máximo responsable de lo que está ocurriendo. Porque lejos de ello, consideramos que la modernización del régimen estatutario de la Guardia Civil no solo es posible, sino que es positiva y garantía del deseado equilibrio futuro, entre un servicio público de seguridad de calidad y unas adecuadas políticas de personal.
DESCARGA AQUÍ EL INFORME COMPLETO QUE AUGC HA PRESENTADO A LA DGGC