DECÁLOGO DE AUGC CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO.

Mediante el presente decálogo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en este Cuerpo de seguridad, pretende trasladar en primer lugar a las instituciones, y en general, a toda la sociedad, la situación que va a generar en el colectivo que representa, las medidas que pretende aplicar el Ejecutivo, por medio del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Que de los guardias civiles se ha abusado hasta la saciedad, es algo que todos los Gobiernos saben. Somos el Cuerpo Policial que más trabaja y menos cobra, con unas condiciones laborales impensables en cualquier otro servidor público de este país. Pero, además, los miembros de la Guardia Civil tienen severamente restringidos derechos fundamentales y profesionales, tales como el derecho de sindicación, y por tanto, de huelga o de negociación colectiva, pero de facto, otros derechos han pretendido ser recortados, como son el de reunión, a través de la modificación de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los integrantes de la Guardia Civil, maniobra restrictiva orquestada en un pasado reciente en el Congreso de los Diputados, por la connivencia del Partido Popular y el entonces en el Gobierno, Partido Socialista Obrero Español. En un escenario donde la crisis hace estragos, los partidos políticos mayoritarios sólo son capaces de ponerse de acuerdo para robarnos derechos conquistados en la calle y en los tribunales. En esta línea, digna de un estado dictatorial, se ataca a la libertad de expresión de nuestros representantes aplicando duras sanciones a más de 200 dirigentes asociativos sólo por denunciar carencias y discriminaciones en las condiciones de vida y trabajo de los miembros de esta Institución con respecto al resto de cuerpos policiales. Esta situación ha pretendido ser justificada por los diferentes gobiernos, con la idea de que la Guardia Civil es un “cuerpo singular” de la Administración, que debe regirse por su normativa propia y excepcional. De modo que, y en coherencia con lo anterior, sus condiciones laborales y económicas deberían ser especialmente protegidas por los poderes públicos. Pero lo cierto es que esto, no sólo no ocurre así, sino que es un hecho que dado que los integrantes de la Institución tienen vetados estos derechos y garantías que poseen el resto de trabajadores, unido a que, con la excusa de poseer un estatuto específico, que en realidad es una auténtico galimatías, sin orden ni concierto de normas pertenecientes, tanto al funcionariado, como a los cuerpos policiales, mezclado con el régimen de las Fuerzas Armadas, el guardia civil percibe que es el servidor público que más deberes soporta, que en época de crisis, se le aplican iguales recortes laborales y salariales que al resto, pero que ostentan menos derechos y menos garantías en su cumplimiento que ningún otro.