Así no es posible. Digamos la verdad

Adjuntamos nota de prensa emitida por la Comisión Ejecutiva Nacional del SUP. Es imprescindible una investigación para detectar y corregir errores tras el fallo en el caso de los niños de Córdoba

por Administración AUGC

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No es momento para señalar a nadie. Estos casos pueden tocar (y han tocado) a la Guardia Civil.
Es por ello que SUP y AUGC tenemos la intención de proponer un nuevo sistema policial que resuelva los problemas estructurales que padece el actual modelo. Ponencia que será planteada por la JDN para su debate, en la Asamblea General de AUGC, del año 2012.
NOTA DE PRENSA SUP:
Tras el conocimiento del error en la identificación de restos óseos en la hoguera de la finca “Las Quemadillas”, de Córdoba, donde desaparecieron los niños Ruth y José, consideramos necesario expresar a la opinión pública lo siguiente:

PRIMERO. España cuenta con una de las mejores especialidades de Policía Científica del mundo y así está reconocido por policías de otros países. Ello no impide, al revés, que ante un error de la magnitud del que se ha producido, sea imprescindible revisar los protocolos de actuación porque no vale que se diga ahora que una antropóloga forense dictaminó por error que los restos óseos hallados eran de animales y no de seres humanos. En la Policía existe una gran carencia de protocolos de actuación que generan incertidumbres y riesgos para los policías y para los ciudadanos, pero si hay una especialidad en la que hay, o debería haber, protocolos de procedimiento que garanticen que el primer dictamen pericial es revisado obligatoriamente por una segunda persona, y que necesariamente hay una verificación de ambas pruebas periciales por un superior que las ratifica es en los trabajos de Policía Científica. Lo ocurrido es un fallo del sistema de funcionamiento del conjunto del Cuerpo Nacional de Policía, de ausencia o de incumplimiento de protocolos rigurosos que no es admisible en una policía de un país desarrollado. Y la responsabilidad es a partes iguales entre los mandos policiales que toman decisiones en la dirección y la investigación de estos sucesos y los responsables políticos.

SEGUNDO. Visto este error ¿procedería revisar todos los restos óseos encontrados y que hayan sido descartados por cualquier servicio de policía científica de cualquier policía española o Instituto Forense, que aun estén localizados, y proceder a una revisión de las pruebas periciales practicadas en los que no se haya procedido a la revisión y ratificación señalada en el punto anterior como garante del procedimiento? Recordamos por ejemplo los restos óseos aparecidos en el pozo de Jinámar, en Gran Canaria, en marzo de 2010, cuando buscaban el cuerpo de Sara Morales, desaparecida en junio de 2006, y que también se publicó que pudieran ser de Yéremi Vargas, desaparecido el 10 de marzo de 2007. Con ello se transmitiría tranquilidad a las familias de estas y otras personas desaparecidas, y, puesto que cabe suponer que la mayoría de peritajes hayan sido acertados, transmitir confianza en las fuerzas de seguridad al conjunto de la ciudadanía dejando en evidencia que el error en cuestión ha sido una excepción.

TERCERO. El Cuerpo Nacional de Policía (y la Guardia Civil, y los demás Cuerpos policiales existentes), deberían llevar a cabo una profunda revisión de sus prácticas operativas y de investigación. Recordamos que la Guardia Civil pidió colaboración ciudadana 5 años después de desaparecer Yéremi Vargas y sin aportar ningún dato nuevo; que hemos encontrado el Códice Calixtino por casualidad (buscábamos una maleta con 600.000€) cuando 48 horas después un policía había aportado por escrito datos concretos y el nombre y dirección del autor sin que los investigadores hubieran hecho nada práctico al respecto; o que aun no hemos encontrado el cuerpo de Marta del Castillo a cuyos autores tardamos en detener 20 días. No es mejor la situación si analizamos a las policías autonómicas y locales, donde se han producido muertes de ciudadanos por prácticas policiales erróneas (Ertzaintza y Policía local de Getafe), denuncias por abuso de fuerza y maltrato (Mossos), y otras actuaciones que dejan bastante que desear desde una óptica democrática y de policía respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Igualmente, en todas las policías ha funcionado el virus de las identificaciones indiscriminadas, masivas e ilegales que originan molestias a los ciudadanos y vulneran sus derechos civiles; el CNP en 2009 identificó a varios millones de personas y si alguien en este país consiguiera sumar el número de personas a las que identificamos todas las policías, estatales, autonómicas y locales, el resultado sería tan escandaloso como que cada año se identifican a más personas que durante los últimos 30 años de la dictadura franquista.

CUARTO. La Policía no puede seguir en esta senda de politización, amiguismo, libre designación, fulanismo y desprecio a la independencia y profesionalidad; porque ascienden los amigos de los políticos a la Junta de Gobierno, y los amigos de los miembros de la Junta de Gobierno a los puestos más importantes; hay personas con expedientes  profesionales disciplinarios por faltas graves y muy graves ocupando muy altos cargos simplemente porque les fueron impuestos por el Gobierno de signo político contrario; hay otros que son nombrados para destinos para los que no cumplen ningún requisito (ni de categoría ni de los exigidos en la convocatoria); hay hijos de mandos que ingresan en un porcentaje sospechosamente alto por la escala ejecutiva, y otros mandos que ascienden al comisariado por amistad y no por capacidad. Mandos sin capacidad y politizados desde que Franco era cabo han dirigido la Policía en todas las etapas de la transición y la democracia, y lejos de ir a mejor, a una mayor  profesionalización con tribunales independientes de ingreso y ascensos, cada día que pasa la Policía está peor preparada, es menos profesional, está más politizada y sirve peor a los ciudadanos.

QUINTO. Solo faltaría que por este error se vuelvan a conceder medallas, condecoraciones para “tapar bocas”, como se pretende hacer con el Códice Calixtino o como se hizo tras la masacre del 11‐M, que en vez de servirnos de autocritica sirvió para llenar muchas pecheras de medallas rojas pensionadas de por vida. Por cierto, ni en esa situación de emergencia del 11‐M la Policía y la Guardia Civil fueron capaces de colaborar; ni los TEDAX ni los guías caninos de la Guardia Civil pudieron “entrar” en Madrid porque es territorio de la Policía, a pesar de que los perros detectores de explosivos de la policía ya estaban agotados y se tuvieran que usar, para cubrir el expediente, perros antidroga para revisar algún vehículo donde podría haber explosivos.

SEXTO. Esta policía, con este sistema interno de ingreso, selección, formación y especialidades, con el sistema de provisión de puestos de trabajo y tribunales de ascensos discrecionales, y en esta arquitectura de modelo policial, no da más de sí; ha llegado el momento de llevar a cabo la transformación democrática de las estructuras policiales y del modelo policial que sigue pendiente desde la transición, y ello pasa por profundos cambios internos como, por ejemplo, impedir que en todos los territorios de España confluyamos en duplicidad de muchas competencias tres Cuerpos policiales, los dos Cuerpos del Estado y la Policía Local, Municipal o Guardia Urbana, y si es en Navarra, País Vasco y Cataluña, son cuatro por la existencia de policías autonómicas. En materia de investigaciones reservadas sobre asuntos sensibles competimos los dos cuerpos estatales, Policía y Guardia Civil, y el servicio secreto, CNI y si es en las tres comunidades autónomas antes citadas con cuerpo de policía propio, cuatro. Esto es ineficaz y un derroche inaceptable siempre pero en especial en estos momentos. Es preciso racionalizar las policías, dotarlas de medios técnicos necesarios, de procesos de formación homologados y de salarios coherentes en función de sus competencias, peligrosidad, penosidad, especialidad y despliegue territorial.

SÉPTIMO. El capital humano de los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado tiene una formación profesional sólida, que con un proceso de reciclaje y adaptación a las prácticas profesionales operativas propias de la sociedad actual pueden cumplir su trabajo a plena satisfacción de los ciudadanos. Para conseguir prestar el servicio que requiere la sociedad será preciso adoptar cambios estructurales como:
a) normalizar el modelo policial con un único Cuerpo de policía del Estado,
b) Asignación de funciones tasadas y específicas de competencias de su ámbito territorial, el Ayuntamiento, a las policías locales;
c) Delimitando del ámbito territorial y competencial de las policías autonómicas.

OCTAVO. Es hora de dejar de hacer propaganda con las policías y con otros Cuerpos de funcionarios (por ejemplo, los de emergencias, que fueron condecorados tras el accidente del avión en Barajas en 2008 y meses después se supo que había habido un gran cúmulo de errores como demasiado tiempo de respuesta, desconocimiento del terreno, etc.). Menos medallas y más formación, medios y salario acorde a sus tareas. Los políticos se hacen las fotos con las medallas y a veces es para ocultar que haciendo las cosas bien se habrían ahorrado muertes de ciudadanos. Que el gravísimo error cometido en este asunto sirva, como el “caso Dutroux” en Bélgica, para racionalizar y mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos. Ese secuestrador, violador y asesino de niñas provocó que en noviembre de 1998 el parlamento belga aprobara casi por unanimidad una ley de unificación fusionando la gendarmería, policía judicial y la local en una única policía integrada en dos niveles, local y federal. Las cosas mejoraron mucho desde entonces y nunca más la descoordinación policial fue responsable de hechos tan lamentables.

En España son muchos los casos de descoordinación que han puesto en riesgo vidas de ciudadanos. No esperemos a que haya personas inocentes muertas para cambiar y mejorar la estructura y funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL

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