La Dirección General de la Guardia Civil ordenó realizar a las unidades de investigación un seguimiento exhaustivo, de al menos tres meses, para intervenir comunicados en redes sociales, pagina web de AUGC, y noticias en medios de comunicación con el fin de elaborar un informe que sirviese de base para impedir la manifestación del 14 de noviembre. Igualmente se dedicaron a recabar número de asistentes y medios empleados por AUGC para convocar la citada manifestación.
De hecho, la prohibición inicial del acto por parte de la Delegación del Gobierno se basó en el citado informe realizado por los servicios de asuntos internos de la Guardia Civil. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió el recurso presentado por los servicios jurídicos de AUGC y permitió que la manifestación se llevase a cabo.
Finalmente, cerca de 12.000 guardias civiles y familiares clamaron frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil su hartazgo por la carencia de derechos sociolaborales y su discriminación respecto a los trabajadores de otros cuerpos policiales.
AUGC tuvo constatación de este seguimiento al que fue sometida por parte de la Dirección General precisamente al presentar el recurso contra la prohibición de la Delegación del Gobierno y recibir una copia del informe en el que ésta se apoyaba.
En dicho documento se detallaban las publicaciones realizadas por AUGC en Twitter, Facebook y otras redes sociales, así como el contenido de los comunicados publicados en su página web o notas de prensa difundidos entre los medios.
Es decir, hablamos de un rastreo iniciado desde el mismo día en el que esta asociación profesional aprobó de manera mayoritaria convocar una manifestación de guardias civiles para el 14 de noviembre. Con esta actuación la Dirección General ha vuelto a mostrar su rostro más antidemocrático, al tratar de privar a unos trabajadores de su legítimo derecho de libertad de expresión. Un derecho que les ha sido reconocido explícitamente en la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Una vez más, al igual que sucediera en 2010, tuvieron que ser los tribunales los que anularan el intento de impedir a los guardias civiles expresar su descontento ante la sociedad. No lo consiguieron, evidentemente. Por ello tuvieron que contemplar cómo el sábado 14 de noviembre una gran Marea de Tricornios volvió a gritarles lo que ellos no quieren escuchar: que los guardias civiles están hartos de ser policías y ciudadanos de segunda.
