Mientras un policía nacional tiene un turno fijo de trabajo, los guardias civiles dependemos de la “ley del lápiz”, donde, dependiendo de cómo le caigamos al jefe o cómo nos portemos con él, podremos tener una jornada mejor o peor, trabajar un domingo por la tarde o no, trabajar el 24 de diciembre por la noche o no, tener mas servicios seguidos o menos.
No es nueva la queja de los compañeros, ante denegaciones constantes de Asuntos Propios, alegando “necesidades del servicio”, que no es otra cosa que una estructura propia de siglos pasados.
Ahora lo que están haciendo los altos mandos es tergiversar y adulterar la realidad a los políticos. Decirles que, con la actual jornada laboral, y sobre todo si se implantan los turnos de trabajo (como ya tiene la policía desde hace décadas) no tienen personal para trabajar.
Y decimos esto, dado que nada más lejos de la realidad, pues a los inquilinos de la Dirección General lo que realmente le preocupan son sus propios privilegios, lo demás es relativo.
Nada dirán nuestros superiores del número de compañeros que, en lugar de hacer patrullas velando por la seguridad del ciudadano, realizan labores de conductor acompañando a oficiales u suboficiales para vigilar patrullas, mientras se realizan servicios unipersonales (de un solo agente) en pleno nivel de Alerta 4.
Nada dirán nuestros superiores del personal dedicado a labores de carpintero, camarero, cocinero, cerrajero, jardinero, etcétera, que tiene la Guardia Civil mientras alega carecer de personal para hacer servicio. Por poner un ejemplo: en una Comandancia se destinan más de 6.000 euros al mes en sueldos de guardias civiles para que sirvan bebidas a los oficiales.
Nada dirán tampoco de la estructura propia de siglos pasados, donde la mitad del potencial del servicio se pierde en Guardias de Puertas, originando que, cuando a una persona le están entrando a robar, el agente se limite a contestar al teléfono para decirle que cuando sepa lo que le robaron pase por el cuartel a denunciar. Olvidarán decirle que, cada dos cuarteles agrupados, es un mínimo de dos patrullas más en la calle al día, cuando no más, que permitan auxiliar al ciudadano antes de que le roben.
Y lo que ya nos parece más grave, nada dirán a los políticos nuestros altos mandos, de que, para evitar tener que pagar a los guardias civiles la condición de trabajador nocturno, y así poder repartirse la productividad en las escalas más altas, en el mes de diciembre se están suprimiendo servicios nocturnos y así, al no llegar a un número de servicios, evitar pagar la condición de trabajador nocturno a los compañeros. ¿Cómo es posible que les preocupe la seguridad de los ciudadanos mientras suprimen servicios en las horas donde más inseguridad sufre el ciudadano y con la sola excusa de no pagar?
Y es que, ese es el verdadero problema. Como ya denunció AUGC en su momento, la Orden General de Productividad ha servido para repartir dinero entre las escalas mas altas, mientras que las más bajas se quedan con una parte ínfima. Esto, aunque lo quieran ocultar y adornar, es así, el dinero que debería destinarse a pagar servicios nocturnos, servicios festivos y horas extraordinarias, se ha convertido en una subida de sueldo y complementos para algunos y ahora, la Guardia Civil no tiene para pagar servicios extraordinarios o la condición de trabajador nocturno y se ve obligada a reducir el número de servicios que garanticen la seguridad de los ciudadanos.
El problema no está en la jornada laboral o la falta de personal, sino en el dinero, en “su productividad”. La reducción del plantilla desde luego que se ha notado en la Guardia Civil, pero sólo se ha notado en las unidades que dan seguridad al ciudadano, no así en labores burocráticas, en labores de mantenimiento (carpintero, jardinero, camarero, etc…), ni en labores de mando y control de servicio de los guardias civiles, en esos casos, la reducción de personal no ha existido.
La Guardia Civil, en lugar de reestructurar las unidades y adecuar un modelo de seguridad ideado para el siglo XIX al XXI, y así aprovechar este personal, pretende, bajo la excusa de la atención al ciudadano, que se trabaje más horas que en la policía y que salga gratis, mientras destina el dinero a pagar esos servicios y a garantizarse sus buenas productividades.
