El Gobierno en funciones está gestionando con opacidad todo lo relacionado con el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios. De hecho, ha aprobado la renovación del mismo en pleno agosto, aprovechando que medio país estaba de vacaciones.
Cada vez que el coordinador de Protección y Seguridad de AUGC requiere información al respecto a través del Portal de Transparencia del Gobierno, se le responde con evasivas y pretextos, motivo por el que se ha visto obligado a solicitar la intervención política en esta cuestión, transmitiendo su preocupación a los distintos grupos parlamentarios.
Esta gestión ha obtenido eco a través del diputado de Podemos, Juan Antonio Delgado, quien a propuesta dicha asociación profesional ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas al Gobierno. Entre otras cuestiones, ha preguntado el coste que está suponiendo dicho contrato en cada centro penitenciario de los 67 dependientes del Ministerio del Interior, si se han incrementado los gastos licitados inicialmente, si en la nueva fase acordada van a cambiar las empresas adjudicatarias, número de vigilantes contratados, etc.
Tras recoger toda la información, el diputado ha pedido diversa documentación, como el Pliego de prescripciones técnicas que van a regir en la renovación del contrato a partir del 1 de octubre, así como los Informes emitidos a la Secretaría de Estado de Seguridad por las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía sobre la continuidad del contrato.
AUGC agradece a Juan Antonio Delgado su permanente compromiso con la seguridad pública en general y con los derechos de los guardias civiles en particular, antes como representante de esta asociación profesional y ahora como diputado. Son ya más de 80 millones de euros de dinero público los que se han derrochado en beneficio de las empresas de seguridad privada, a los que ahora debe sumarse la renovación del contrato por más de 34 millones.
