Ayer día 3 de septiembre, se celebró en la Dirección General un nuevo grupo de trabajo en el seno del Consejo de la Guardia Civil -órgano de representación del personal del Cuerpo- sobre el tema de tatuajes y aspecto físico de los guardias civiles, ante el posicionamiento en contra de la práctica totalidad de las asociaciones representativas el pasado mes de marzo.
Las asociaciones representativas vimos positivo este gesto del nuevo Ministerio de Grande-Marlaska, hasta que nos dimos cuenta que para la DGGC ‘está todo el pescado vendido’, o por lo menos así nos lo han demostrado al presentarnos un borrador de la norma incluso más restrictivo que las versiones anteriores, además con la clara intención de validarlo en el próximo Pleno del Consejo de la Guardia Civil.
De nuevo, los responsables de la DGGC presentan un texto normativo donde las prohibiciones son las protagonistas, eso sí, llevando a cabo ‘malabares normativos’ para hacer parecer lo que no es.
Se prohíbe fumar a los guardias civiles durante la práctica totalidad del servicio, se mantiene un único modelo de peinado para hombres y mujeres, así como llevar más de un anillo o una pulsera, cuestiones que van en contra de el espíritu de adaptar la Guardia Civil al siglo XXI.
Sobre la temática estrella, y que más expectación a despertado de ésta norma, los tatuajes, se mantiene la prohibición de que sean visibles, así como la obligación de tener que taparlos incluso, en la parte más restrictiva, dando un plazo de 3 meses para someterse a intervenciones para su eliminación del cuerpo de quien los porta.
De hecho también se regula que el personal con tatuajes registre los mismos en una base de datos, por medio de un documento diseñado para tal efecto, con las características, lugar del cuerpo donde se encuentra, incluso con la posibilidad de adjuntar fotografías del propio tatuaje o tatuajes.
Para las asociaciones representativas el inmovilismo y la falta de voluntariedad manifiesta de la Dirección General de la Guardia Civil de abordar la norma por medio del consenso y el diálogo, es motivo más que suficiente para rechazarla de nuevo e instar a la vía judicial, si finalmente no se opta por el diálogo, para evitar que se regulen aspectos que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que formamos parte de la Guardia Civil.
En archivo adjunto puedes ver el escrito que las asociaciones profesionales hemos remitido a la Dirección General expresando nuestro rechazo a la implantación de esta norma restrictiva.
