El pasado 11 de noviembre se conocía el último informe de evaluación sobre España elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, elaborado, entre otras fuentes, a partir del encuentro que miembros de este organismo mantuvieron el pasado enero en España con representantes de sindicatos de la Policía Nacional y de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, los cuales, en una ronda de intervenciones, expusieron las principales anomalías que se observan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En dicho encuentro se señalaron deficiencias que afectan a los dos cuerpos estatales, entre las que se encuentran la forma de afrontar la corrupción interna; u otro tipo de malas prácticas, como la alta tasa de suicidios entre policías o el reparto arbitrario de condecoraciones. Y ya centrándonos en el ámbito de la Guardia Civil, las asociaciones denunciaron cuestiones como la excesiva subjetividad evaluadora que conlleva la actual regulación de los IPEGUCI, o la sobredimensión de los destinos de libre designación en el Cuerpo.
Ahora, en dicho informe recoge varios de los aspectos más destacados de los que en su día le transmitió AUGC. En concreto,recomienda revisar el régimen disciplinario de la Policía y de la Guardia Civil, con el fin de reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad, entre otras cosas y, especialmente, para excluir la posibilidad de que un superior jerárquico decida unilateralmente sobre cuestiones disciplinarias”. Pero sobre todo destaca el hecho de que “los agentes de Policía están sujetos al procedimiento penal ordinario, mientras que los guardias civiles pueden estar sujetos a la jurisdicción militar”.
“Los representantes del personal coincidieron en que la utilización de tribunales militares para procedimientos disciplinarios y penales contra agentes de la Guardia Civil realizando funciones policiales es un remanente del pasado que debe ser revisado y remplazado”.
También recomienda al Gobierno "reconsiderar" el sistema de cupos que se reserva para que accedan a la Guardia Civil los hijos del Cuerpo.
El informe recomienda que la Benemérita "adopte un código de conducta y lo haga público" y que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil "complementen sus respectivos códigos mediante directrices y medidas prácticas de aplicación (por ejemplo, sobre conflictos de intereses, obsequios, uso de recursos públicos, información confidencial, actividades complementarias, neutralidad política, etc.), así como con un mecanismo creíble y eficaz de supervisión y ejecución".
Otra recomendación relevante es que se revisen los procesos internos de evaluación de méritos y promoción tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil para "mejorar el registro y la publicación de la fundamentación de las decisiones, a fin de establecer un enfoque más objetivo y transparente". Al revisar estos procesos, "debe prestarse especial atención a la integración de las mujeres en todos los niveles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Para AUGC, este informe viene a confirmar cuestiones que lleva años denunciando: aplicación abusiva del Código Penal Militar a los guardias civiles, falta de transparencia, arbitrariedad y discriminación a la hora de conceder las condecoraciones, excesivo porcentaje de destinos de libre designación, etcétera.
Esperemos que desde el Ministerio del Interior se tome buena nota de este tirón de orejas del GRECO y se aplique en la nueva legislatura para comenzar a corregir las deficiencias señaladas.
