23-F: 30 años

El próximo 23 de febrero se cumplen treinta años del intento frustrado de golpe de Estado. En esta ocasión hasta una película se ha realizado sobre el mismo. Según nuestro punto de vista la extrema militarización de la Guardia Civil permitió su desgraciado protagonismo en este lamentable suceso que puso en vilo a todo el país. Recuperamos en este artículo el marco y los sucesos que precedieron a estos hechos. EL 23-F: UNA ASIGNATURA PENDIENTE De los 38 jefes y oficiales juzgados por su participación en el 23-F, 18 pertenecían a la Guardia Civil. Además se vieron involucrados en la intentona golpista 16 suboficiales, 37 cabos y 235 guardias civiles. Engañados por sus oficiales, tal y como pone de relieve el documental de AUGC 23-F: hablan los guardias civiles, este lamentable protagonismo respondería, según ha señalada en un reciente libro el coronel Amadeo Martínez Inglés a que todo el entramado operativo, orgánico y logístico de la Guardia Civil estaba en esos momentos bajo el mando del entonces coronel del Ejercito, Andrés Casinello y del Estado Mayor del Cuerpo, un elitista círculo de decisión y planeamiento formado exclusivamente por jefes y oficiales procedentes del Ejército. Esta dependencia de la Guardia Civil hacia el Ejército esta en la raíz de la utilización de dicho Cuerpo en el golpe del 23-F. Nos explicamos. La Constitución democrática aprobada en referéndum en diciembre de 1978 incluyó un articulo, el numero ocho, fundamental para la reforma de las instituciones policiales y su adecuación a los sistemas democráticos al deslindar tajantemente las Fuerzas Armadas de las ahora denominados Cuerpos de Seguridad del Estado, que en anterior ordenamiento franquista formaban parte de los ejércitos. Pues bien, la Policía Nacional avanzó hacia una desmilitarización, con todo lo que ello implicaba de cambio de régimen interno, organización y jurisdicción y que mas tarde desembocaría, no sin conflictos, en el reconocimiento de organizaciones sindicales como el SUP, en cambio en la Guardia Civil la situación interna permaneció inalterada con la democracia. No podemos dejar pasar por alto las demandas de democratización interna de los guardias civiles que se habían plasmado en una manifestación en diciembre de 1976 ante las puertas de la Dirección General en Madrid, en la que 300 agentes de ambos institutos, reivindicaron el derecho a la seguridad social. En este proceso a lo único que se llego, cuando en la primavera de 1980 el Congreso de los Diputados, debatió la ley orgánica de la Defensa Nacional, fue fijar una doble dependencia de la Benemérita del Ministerio de Defensa, en cumplimiento de las misiones de carácter militar que por su naturaleza se le encomienden y del Ministerio del Interior para el resto. Doble dependencia que Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior con el gobierno de la UCD, calificó en sus memorias como un sistema inmejorable para no depender de nadie. Precisamente la ultraderecha de aquellos años, muy poderosa y que formo parte de la trama civil del 23-F, realizo una intensa campaña contra estos avances tímidos en la desmilitarización del Cuerpo. Una serie de hechos irían abonando el terreno golpista. En noviembre de 1978 el general Atares, jefe de la 3 Zona de la Guardia Civil, en una arenga realizada en Cartagena increpo duramente al entonces ministro de defensa y vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado. Este acto le valió la apertura de un consejo de guerra del que seria absuelto. Curiosamente, la sentencia no pudo ser revisada por el consejo supremo de justicia militar, ya que el capitán general de la región, era Miláns del Bosch y no disintió de la sentencia absolutoria. El mismo mes el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero y el capitán de infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas fueron denunciado por conspiración golpista (operación Galaxia) serían condenados en consejo de guerra a siete y seis meses de prisión. Notase la levedad de las penas ante un delito como rebelión militar, lo cual significó una descalificación en toda regla del gobierno de UCD. Esta misma justicia militar si procesarían periodista y director de Diario 16, Miguel Ángel Aguilar por publicar un artículo denunciado la intentona golpista. En dicho artículo se acusaba al general torres rojas de conspiración contra el régimen democrático. Este general fue uno de los máximos implicados en la intentona del 23-F. Con estos antecedentes, gozando de la intima amistad de Cassinello y el curriculum del tabernario y megalómano teniente coronel Tejero, no tardaríamos mucho en asistir al lamentable espectáculo del secuestro del Congreso de Diputados. Mientras en Valencia con lo tanques en la calle y el bando militar de Milans, la Guardia Civil a pesar de las presiones se mantuvo siempre en la legalidad democrática. Aun así según un informe elaborado por la Unión de Periodistas Valencianos en algunos cuarteles, como el de Torrent, los guardias decidieron tomar el Ayuntamiento o en Buñol donde ocuparon la población siguiendo el modelo Milans, todos ellos obraron por su cuenta y riesgo pero nunca se investigaron estos hechos y se depuraron responsabilidades. Una vez que el golpe de terror acabo en esperpéntica intentona, aquello debió haber servido para que los poderes democráticos públicos hubiesen avanzado en la democratización de la Guardia Civil y su conversión en cuerpo policial moderno. Pero a nuestro entender ye s la tesis centra l de nuestro libro, los guardias civiles, esos policías uniformados, el 23-F se cerró en falso esta cuestión estratégica, de tal modo que la ambigüedad de la doble dependencia de la Guardia Civil continua en la actualidad y sigue presidiendo esa falta de derechos democráticos básicos para los agentes del cuerpo Treinta años han pasado desde aquellos gravísimos hechos que nunca debieron haber ocurrido, ya que precisamente democratizar internamente la Guardia Civil seria el mejor antídoto para que situación como las que ahora recordamos, no se hubieran producido. Manuel del Álamo.