El Juzgado de Instrucción 1 de Barbate ha aceptado la personación de AUGC en calidad de acusación popular en las diligencias previas abiertas como consecuencia de la denuncia formulada por la asociación para depurar las presuntas responsabilidades penales por hechos que pudiera ser tenidos como contrarios a los derechos de los trabajadores.
El Juzgado además ha desestimado la petición de la Fiscalía de archivar y sobreseer provisionalmente las diligencias y, por el contrario, ha acordado la práctica de diligencias de investigación, en línea con las que fueron propuestas por AUGC en su escrito de denuncia.
Además, ha acordado la incorporación a los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, en las que manifestaron las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios para poder prestar, con mínimas condiciones de seguridad y eficacia, el servicio que les había sido ordenado.
La continuación de estas diligencias y el acuerdo del Juzgado de Barbate de práctica de una batería de diligencias de investigación, que apuntan a la manera en que se ordenó la prestación del servicio y los medios con los que se contaban para ello, supone el reforzamiento del trabajo de AUGC, como garante de los derechos de los guardias civiles y un serio revés al director general de la Guardia Civil, que aseguró que el dispositivo se había llevado a cabo de manera correcta.
El juez ha requerido, entre otras cuestiones, que la Dirección General de la Guardia Civil “informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua con la patrullera el día 9 de febrero de 2024”.
Por otra parte, la falta de reconocimiento de lo que podría ser calificado benévolamente como deficiencias en el ejercicio del mando por quienes ostentan la dirección política de la Guardia Civil, es expresión palmaria de su falta de capacidad para dirigirla y un desconocimiento inaceptable de lo que supone la disciplina, la jerarquía, la subordinación y, sobre todo, el deber de lealtad. Y la falta de capacidad debe suponer inexorablemente el cese inmediato.
AUGC continuará la defensa de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Guardia Civil. A tal efecto recuerda que la prevención de los riesgos laborales es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercer en mando y conducen las operaciones.
