La Agencia Española de Protección de Datos se expedienta contra la DGGC por posibles irregularidades en una retirada de armamento

La Delegación de Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos la apertura de varios expedientes sancionadores contra la Dirección General ante las posibles irregularidades detectadas durante la tramitación de una retirada de armas por la pérdida de la aptitud psicofísica

La Dirección General no dio respuesta ni en tiempo ni en forma a la solicitud de derechos exigidos desde la Delegación de AUGC en Cádiz, hecho que también se ha considerado en la apertura del expediente.
La Dirección General no dio respuesta ni en tiempo ni en forma a la solicitud de derechos exigidos desde la Delegación de AUGC en Cádiz, hecho que también se ha considerado en la apertura del expediente.

La Agencia Española de Protección de Datos ha notificado a la Delegación de Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles la admisión a trámite de nuestra denuncia. Durante la retirada del armamento a un compañero que perdió las aptitudes psicofísicas en el transcurso de una baja laboral, observamos que la Dirección General podría haber incurrido en la vulneración de varios preceptos de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales.

En ese momento, el Secretario de Salud Laboral de AUGC Cádiz, Don Víctor Carrasco, presentó una denuncia y las pruebas de las posibles vulneraciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. Tras la revisión de las pruebas aportadas, el citado Organismo público ve indicios de posibles irregularidades por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y ha procedido a aceptar y admitir a trámite la denuncia.

Las pruebas aportadas han resultado claves, también el hecho de que la Dirección General no diese respuesta ni en tiempo ni en forma a la solicitud de derechos exigidos desde la Delegación de AUGC en Cádiz. Ambos elementos han sido el origen del expediente sancionador que ha iniciado la Agencia Española de Protección de Datos contra la Dirección.

Hay que recordar que no existe un protocolo para las situaciones de retirada de armamento ni garantías sobre los derechos y libertades de los agentes ante tal circunstancia. Agradecemos el trabajo a Don Víctor Carrasco, Secretario de Salud Laboral de AUGC Cádiz, y al experto Don Javier Cancelas por el asesoramiento realizado desde la Delegación de AUGC Pontevedra. Estaremos atentos a la resolución que realizará la  Agencia Española de Protección de Datos sobre este expediente.

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