Tras la celebración, el 10 de noviembre de 2019, de elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado, se ponía en marcha la XIV Legislatura en España para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, máximo dirigente del PSOE.
El 13 de enero se publica en el BOE la composición del Gobierno, y ese mismo día toma posesión como ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Una semana más tarde era nombrada María Gámez como directora de la Guardia Civil.
Ahora, apenas superado el año del inicio de esta legislatura, y teniendo en cuenta que, desde el mes de marzo del año pasado, se ha tenido que dedicar gran parte del tiempo, recursos y esfuerzo a hacer frente a la pandemia originada por la Covid-19, es hora de realizar un balance.
Pues bien, un año es el tiempo que le ha bastado al PSOE para dilapidar los escasos derechos de los guardias civiles, frenar el avance del movimiento asociativo y terminar con las ilusiones de los miembros del Cuerpo que albergaban la esperanza de la modernización de las relaciones laborales internas en la Guardia Civil.
En tan solo un año de gobierno, el PSOE ha puesto en marcha un paquete de normas para vaciar de contenido los derechos de los guardias civiles, acometer una involución no conocida hasta la fecha y devolver a los miembros del Cuerpo a épocas que creíamos superadas.
UN AÑO NEGRO PARA LOS GUARDIAS CIVILES
En el ámbito profesional y en cuanto a la ejecución de políticas de personal en la Guardia Civil, ha sido un año aciago para los agentes que realizan servicios operativos. Basta hacer una breve recopilación de las medidas adoptadas por este Gobierno:
REPARTO DEL TERCER TRAMO
en la asignación del reparto del tercer tramo del proceso de equiparación salarial, el Ministerio del Interior en el ámbito de la Guardia Civil se desvincula del espíritu del acuerdo y premia a los altos mandos, rompiendo la linealidad acordada en los dos primeros tramos. El resultado es que un guardia civil percibe menos cantidad económica que un policía nacional -aumentándose así la brecha salarial- a pesar de que el presupuesto era de un 59% para la Guardia Civil, frente a un 41 % para Policía Nacional.
LA PRODUCTIVIDAD, PARA LOS DE SIEMPRE: culminado el proceso de la cantidad económica en el CES, quedaba pendiente el diez por ciento asignada al complemento de productividad, para alcanzar la cifra de 807 millones de euros recogida en el BOE.
Lejos de utilizar este presupuesto para incentivar, motivar y premiar a quienes realizan servicios operativos, nuevamente el Ministerio del Interior vuelve a desvincularse del proceso y establece un reparto diferente en Policía Nacional, donde se consolida este plus salarial. Para la Guardia Civil, se elige otra opción y se redacta una orden general que adolece de los mismos errores que la norma anterior en cuanto a su complejidad e ininteligibilidad, generando de nuevo un galimatías normativo, que quiebra el principio de buena regulación. Pero además, vuelven a utilizar este proceso para seguir engordando las nóminas de los altos mandos y menospreciando el trabajo operativo de los guardias civiles.
Desde AUGC lamentamos la falta de coraje y valentía política para establecer las bases de una Guardia Civil del siglo XXI. Avanzar sin dilación hacia una configuración de la institución como cuerpo policial moderno donde se sepa conjugar la naturaleza militar con las funciones policiales, pero a la vez se huya de militarismos e imposiciones.
INVOLUCIÓN EN LOS DERECHOS DE LOS GUARDIAS CIVILES
Los guardias civiles son los servidores públicos con menos derechos del Estado español; sin turnos de trabajo con cadencias fijas en su horario laboral, con unos pluses económicos discriminatorios, sin derecho a negociación colectiva ni cauces para reivindicar sus legítimas aspiraciones.
Como consecuencia de esta falta de conciliación laboral y familiar, y para establecer cauces de participación se aprueba en el año 2007, y gracias a los miles de guardias civiles que secundan las manifestaciones promovidas por AUGC, la LO 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Esta ley recoge por primera vez el Consejo de la Guardia Civil como órgano colegiado para mejorar las condiciones profesionales y sociolaborales de los guardias civiles, así como para mejorar el funcionamiento de la institución, además de regularizar las asociaciones profesionales.
La creación y puesta en funcionamiento de este novedoso órgano de participación democrática estaba llamado a poner en marcha la evolución y adaptación de la Guardia Civil a la realidad social que progresivamente ha venido demandando AUGC. Sin embargo, ahora y en tan solo un año de gobierno, el PSOE ha puesto en marcha un paquete de normas para vaciar de contenido los derechos de los guardias civiles, acometer una involución no conocida hasta la fecha y devolver a los miembros del Cuerpo a épocas que creíamos superadas. Se ha abierto un proceso de involución al espíritu de la LO 11/2007 para relegar a los guardias civiles a una Policía de segunda categoría y a promover su muerte civil, con la elaboración de las siguientes normas:
- RD sobre derechos y deberes de las asociaciones profesionales y sus representantes: una norma que lejos de consignar avances para producir una modernización de las relaciones laborales y crear un sistema de participación similar al del resto de cuerpos policiales viene a encorsetar y restringir la acción de los representantes de los trabajadores del Cuerpo, desconociendo los principios de diálogo social y de gobierno abierto, que son hurtados a los guardias civiles y a sus representantes asociativos.
- RD sobre el funcionamiento y organización del Consejo: un claro ejemplo de cómo impera un proceso para legislar en sentido negativo, donde no se permitirá el envío de solicitudes repetitivas o no justificadas, no se permite la libre elección para designar asesores en la asistencia a los plenos del Consejo o se continúa negando la presencia de personal laboral de las asociaciones profesionales en los locales oficiales del Cuerpo.
- RD Código de Conducta para el personal de la Guardia Civil: una norma que no es otra cosa que una refundición de la Cartilla del Guardia Civil, las Reales Ordenanzas, un reglamento para el servicio y un reglamento militar. Un todo en uno para remilitarizar la Guardia Civil. En otros cuerpos policiales existen códigos deontológicos que marcan un comportamiento ético de los policías y establecen normas para luchar contra la corrupción interna; sin embargo en la Guardia Civil se buscan opciones más retrógradas y rancias y se conculca el actual ordenamiento jurídico que ya fija y determina un código de conducta que es el que ha querido el poder legislativo, al que la cúpula militar de la Guardia Civil desprecia e incumple.
- RD para regular la tramitación de propuestas, sugerencias, quejas y solicitudes de información del personal de la Guardia Civil: hasta ahora los integrantes del Cuerpo vienen dirigiéndose libremente al Consejo de la Guardia Civil para expresar sus demandas o reivindicaciones, a partir de la aprobación de esta norma habrá de seguirse el conducto reglamentario.
Desde AUGC lamentamos la falta de coraje y valentía política para establecer las bases de una Guardia Civil del siglo XXI. Avanzar sin dilación hacia una configuración de la institución como cuerpo policial moderno donde se sepa conjugar la naturaleza militar con las funciones policiales, pero a la vez se huya de militarismos e imposiciones.
Una Guardia Civil compartida, de todos y para todos. Una Guardia Civil donde la totalidad de sus integrantes tengan cabida y vean colmadas sus legítimas reivindicaciones para lograr alcanzar unas condiciones laborales más justas e igualitarias.
Por tanto, desde AUGC nos reafirmamos en nuestra postura, si no produce un cambio en las políticas de personal para avanzar en los derechos de los guardias civiles, durante la próxima primavera, y si las condiciones sanitarias lo permiten, AUGC llevará a cabo una convocatoria para la realización de una gran manifestación de guardias civiles en las calles de Madrid.
