El martes 24 de enero, representantes de AUGC, FSC-CCOO y SUP, mantuvieron una reunión de alto nivel con Elena Collado, Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, y con Antonio Sánchez Díaz, Director General de MUFACE.
El encuentro estuvo dedicado en exclusividad a analizar la problemática existente en el recorte paulatino de servicios que venimos padeciendo los funcionarios integrados en la citada mutualidad y en el ISFAS, y enfocado con la lógica que defendemos las tres organizaciones representativas en nuestros respectivos ámbitos: recuperar los derechos perdidos como consecuencia de la crisis económica.
De este modo se trasladaron una serie de circunstancias concretas y quejas de nuestros afiliados y afiliadas al respecto, como indicativo de que se hacía necesario impulsar procedimientos de seguimiento, control y verificación de los servicios y de la atención individualizada que prestan las compañías médicas.
La respuesta de la Secretaria de Estado fue clara al respecto: el Gobierno apuesta por la asistencia médica a los funcionarios por medio de las mutualidades, “creen en el sistema”, y aunque es evidente la constatación de que se han perdido servicios, desde la Administración se va a hacer todo lo que se pueda para continuar haciéndolo viable, y al respecto esperan poder trasladar en breve avances concretos.
Por parte de AUGC se expusieron dos asuntos específicos que preocupan a nuestro colectivo. El primero motivado por el propio enfoque de la reunión, en el sentido de que nos veíamos obligados a acudir al ámbito de la Administración Pública porque se nos ha negado la interlocución con las autoridades competentes en la gestión del ISFAS, hasta el extremo de que en la modificación reciente del Reglamento que regula este Régimen especial de la Seguridad Social se ha dado representatividad a las asociaciones de militares, pero se ha excluido a los guardias civiles.
La segunda cuestión, que afecta especialmente y por destino profesional a muchos guardias civiles, es la polémica surgida con la rescisión de algunos de los convenios de medio rural con las Comunidades Autónomas para poblaciones con menos de 20.000 habitantes.
Con respecto a la primera, que la Secretaria de Estado desconocía, nos trasladó que se interesaría por la misma, desde el momento en que veía razonable nuestra petición de que también las asociaciones profesionales de guardias civiles, y para una mejor defensa de sus afiliados/as, tengan representatividad en la Junta de Gobierno del ISFAS.
En cuanto a la segunda cuestión, Elena Collado nos adelantó que los funcionarios afectados no iban a tener problemas de asistencia, aunque no existan puntualmente convenio con las CCAA, y que desde luego, la primera intención del nuevo equipo de gobierno es renegociar esos convenios, porque es evidente que se han ido deteriorando, así como trata de ampliar la oferta de compañías médicas dispuestas a trabajar en el régimen de mutualidades para funcionarios.
En suma, la reunión cumplió el cometido que nos habíamos planteado, que básicamente era trasladar la necesidad de que el Gobierno apueste con decidida acción política para fortalecer el sistema de mutualidad e ISFAS, encontrándonos a una representante gubernamental sensible a los problemas expuestos, prueba del ello, es que el encuentro se alargó más de dos horas, siendo Elena Collado, y pese a no tener una responsabilidad directa en ello, especialmente empática a las cuestiones planteadas por AUGC referentes a los guardias civiles y sus familias.
