Nuevo éxito de los servicios jurídicos de AUGC en la defensa de los derechos de los guardias civiles. En esta ocasión han sido los servicios jurídicos de Pontevedra quienes han conseguido que el Juzgado de lo Contencioso dicte una sentencia que, literalmente, condena "a la Administración demandada a concederle al recurrente, en el plazo máximo de un mes, la taquilla individual solicitada por él en vía administrativa.”
No se trata de algo que no fuese de esperar, ya que la Jefatura de la Guardia Civil de la Zona de Galicia que desestimó el recurso del agente ya ha tenido que soportar otras dos sentencias de los Juzgados de lo Contencioso de A Coruña, dando la razón a los agentes a su derecho a taquilla.
Lo grave de lo ocurrido en el presente caso es que, a pesar de existir las dos sentencias anteriores, la citada jefatura ha mantenido su negativa a dotar de taquilla a los trabajadores, haciendo caso omiso de los fundamentos jurídicos de las sentencias anteriores. Esto ocasionará a la Guardia Civil el tener que pagar las costas del Juicio, dinero que abonarán todos los ciudadanos y no el responsable de una resolución que, desde un principio, era visible que sería anulada.
Desde AUGC llevamos tiempo reclamando que, al igual que no se abre ningún cuartel sin contar con bandera y cuadro del rey, tampoco puede abrirse o funcionar careciendo de las disposiciones mínimas que están reguladas en una Directiva Europea y en un Real Decreto, entre ellas, las taquillas.
La banal excusa que facilita la Guardia Civil de no disponer de presupuesto no está en modo alguno justificado para incumplir la legalidad y, mucho menos, cuando año tras año, tiene un presupuesto para desfiles y protocolo que duplica el presupuesto de la policía nacional.
Esta Sentencia pone una vez más en relieve la inaplicación de la normativa en materia de riesgos laborales por parte de la Guardia Civil y el inmovilismo del Gobierno y el resto de la Administración por garantizar la salud y seguridad de los Guardias Civiles en su trabajo, sobre el papel existe una Unidad de Secretaría de Estado encargada de velar por éstas actuaciones, pero lo cierto es que, o no ejerce sus competencias o realmente solo las tiene sobre el papel.
Por ello, desde AUGC reiteraremos la necesidad de crear la figura del Delegado de prevención, algo a lo que se opone la Dirección General conocedora de las reclamaciones que ésta figura podría elevar por incumplimientos en materia de riesgos laborales.
