La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado reiteradamente la discriminación que padecen las mujeres guardias civiles, la cual da lugar con frecuencia a situaciones de acoso laboral que, sin embargo, desde la Dirección General se empeña en negar.
En este caso se trata de la persecución que sufre una guardia civil destinada en la localidad gaditana de Chipiona, Luisa María Flores, que lleva un año de baja laboral y amenazada con la incapacidad permanente tras haberse negado a reducir la vigilancia a una mujer maltratada tal y como pretendían sus superiores ante la falta de personal.
Se trata de un flagrante intento de quitar de en medio a una trabajadora que resulta molesta al cuestionar la arbitrariedad de órdenes dictadas por razones ajenas al compromiso con la seguridad pública que se ha de prestar a los ciudadanos. Con el agravante, en este caso, de que lo que se le pedía era rebajar el grado de protección a una víctima de violencia de género en riesgo extremo.
Debido a su negativa, Luisa María Flores fue apartada de su trabajo a través de la imposición de una baja por estrés. También han sido archivadas sus denuncias por acoso como guardia civil, un acoso que procede del entorno de la misma persona que amenaza a la citada víctima de violencia de género.
Tras este calvario de un año apartada de su trabajo sin motivo para ello, esta guardia civil se ha sometido por su cuenta, y pagado de su propio bolsillo, a un completo chequeo para el informe pericial forense, psiquiátrico y psicológico, en el que se acredita que se encuentra en plenas facultades psicofísicas para realizar su trabajo como guardia civil.
Sin embargo, y pese a esta evidencia, Luisa María se enfrenta además a un expediente por falta grave y a la amenaza velada de verse apartada definitivamente del servicio activo al aplicársele la incapacidad definitiva. Es decir, una amenaza de expulsión en toda regla a una trabajadora con un currículo intachable hasta la fecha.
Desde AUGC tenemos que volver a expresar nuestra indignación porque este tipo de actuaciones sigan vigentes en un cuerpo policial que debería dar ejemplo de rigor y respeto, pero que lejos de ello aplica sistemáticamente este tipo de represalias entre sus trabajadores, algo agravado en este caso por tratarse de una clara situación de acoso laboral a una agente que solo pretendía cumplir con un trabajo de protección establecido por el propio protocolo policial hacia una víctima de violencia de género.
