Cuarenta mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año. En total son ya 1.015 las muertes por violencia de género desde que empezaran a contabilizarse en 2003. Esta cifra supone ya doce muertes más por este motivo que el mismo periodo del año anterior.
La última víctima, María del Pilar, cirujana de 48 años con residencia en Madrid. Ella y su pareja, ahora detenido, constaban en los archivos policiales del Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género, después de que un coche patrulla se percatara de que él la agredía en plena calle.
Actualmente existen 58.091 casos activos por violencia de género, y que por tanto son objeto de atención por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo necesarias la adopción de medidas policiales de protección para las víctimas. Estas medidas de protección varían según su intensidad y el nivel de riesgo; siendo 28.078 los casos cuyas víctimas precisan de protección policial. En el primer trimestre de año han sido 40.319 las denuncias presentadas por violencia de género, 733 más que el mismo periodo de 2018.
Estos datos muestran la realidad de una violencia machista que sigue generando víctimas mortales, y ante la cual el Gobierno debe reaccionar con la puesta en marcha de un plan específico y extraordinario que proteja a las víctimas mediante la adopción de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género y para los menores que de ellas dependan. La respuesta gubernamental debe basarse en la necesidad de atender con inmediatez los casos, adaptándose a las circunstancias concretas y gravedad del hecho, para asegurar a las víctimas un tratamiento adecuado, personalizado y específico.
Por ello, los profesionales de la seguridad pública trasladamos este año al Ministerio del Interior unas medidas destinadas a proteger a las víctimas y reforzar la red de alertas establecidas en el sistema VioGén. Esta medida sería viable presupuestariamente, pues se encuentra dentro del acuerdo por la equiparación salarial que asociaciones y sindicatos de los cuerpos policiales estatales firmaran en marzo de 2018. Lamentablemente, no obtuvimos respuesta alguna.
La idea consistente en la incorporación al servicio activo de aquellos guardias civiles y policías nacionales en reserva o segunda actividad sin destino que así lo deseen, supondrían el refuerzo que esperan los efectivos dedicados a combatir la violencia de género.
Y es que en la cláusula Tercera del mencionado Acuerdo, se establece que “Se destinaran 100 millones de euros cada ejercicio (2018,2 019 y 2020) para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva”. Sin embargo, y pese a que el Acuerdo en su mayor parte, se está ejecutando, por parte de la Administración, y transcurrido el año 2018 y en lo que va del 2019, no se ha realizado gestión alguna para la consecución de la citada cláusula.
Pero esta cláusula Tercera no se ha aplicado, y como quiera que hemos detectado una demanda por parte de guardias civiles en situación de Reserva para volver a incorporarse al servicio, en puestos de trabajo compatibles con su edad, desde AUGC hemos formulado la propuesta para atender a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género y en el ámbito familiar. Y es que los Puestos de la Guardia Civil, que ya de por sí atienden numerosas y diversas de funciones en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, son requeridos para multitud de tareas con respecto a las medidas policiales de protección que deben ser las más adecuadas a las circunstancias y nivel de riesgos, ajustando la actuación policial con vigilancias frecuentes y aleatorias en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos, manteniendo contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima, planteándose una cuestión de indudable trascendencia que, tristemente, está centrando la atención de la sociedad tras el incremento de los casos de asesinatos de mujeres, y que con consternación tenemos que contrastar con la escasez de efectivos disponibles para la protección de las víctimas de la violencia de género. La aplicación de la citada cláusula del Acuerdo vendría a ofrecer un servicio de calidad a mujeres, menores y mayores que conviven en el mismo núcleo familiar donde se suscita este tipo de delitos.
De este modo no sólo se desarrollaría la citada cláusula del Acuerdo de equiparación salarial, sino que su cumplimiento serviría para reforzar la lucha contra uno de los principales motivos de preocupación de la sociedad española.
