El Ministerio del Interior ha anunciado una revisión del protocolo para evaluar el riesgo de asesinato de víctimas de la violencia machista. Se trata de una medida necesaria que AUGC celebra, pero al mismo tiempo queremos recordar las carencias que se padecen en la Guardia Civil para afrontar esta lacra, que en lo que llevamos de 2018 ya ha segado la vida de 40 mujeres, además de tres menores y otros dos casos bajo investigación.
En el Instituto Armado existen las denominadas y conocidas como “Unidades de Violencia de Género, VIOGEN,” instaladas en muchas Unidades Territoriales pero lastradas por la falta de personal, tanto en número como con la especialización y formación adecuadas. Se trata de una grave deficiencia que debería ser urgentemente afrontada desde el propio Catálogo de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil y por el Catálogo de Cualificaciones Profesionales y por ende con la consideración de “especialidad”.
Actualmente estas Unidades no tienen correspondencia con el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, si bien en ellas, prestan servicios personal detraído de otras unidades (esencialmente de Seguridad Ciudadana) y donde para su designación se siguen criterios puramente arbitrarios del Mando de Unidad contraviniendo sin duda, entre otras, las pautas del Manual de la Unión Europea de Buenas Prácticas Policiales para combatir la violencia contra las mujeres (3.2. perfil profesional de la unidades y 3.3. formación profesional).
Estas unidades, que asumen prácticamente todo el volumen de trabajo de la violencia de género, carecen de formación especializada y permanente, así como de dedicación exclusiva, de funciones concretas y de medios oportunos. Los puestos que se ocupan en estas Unidades carecen de criterios de cualificación, de selección, de dedicación exclusiva y especialización.
Por otro lado, estas unidades, se ven desbordadas de trabajo porque como indicamos la violencia contra las mujeres, es un problema social, global, y en aumento, que sin duda requiere de una dedicación en consecuencia con las estadísticas y de acuerdo con las distintas normativas que articulan como debe ser el tratamiento policial de esta violencia machista.
AUGC ya ha solicitado por escrito a la Dirección General que se corrija esta situación, y ahora vuelve a reclamar una revisión urgente de la misma al Ministerio del Interior.
