Poco ha tardado en caer la máscara de cortesía y buenos propósitos exhibida por el nuevo equipo del Ministerio del Interior ante las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Así, y pese a que, a iniciativa de AUGC, todas ellas habían respaldado la solicitud de la celebración de un pleno extraordinario del Consejo en el que se abordase la crisis de las nóminas de enero, por la que 45.000 trabajadores del Cuerpo han visto alteradas sus retribuciones del mes, la Dirección General les ha comunicado su decisión de “no proceder a convocar extraordinariamente un pleno de este órgano”.
Pese a que la Dirección General, en su comunicado, reconoce que la solicitud “reúne los requisitos legales por los que constituye el tercio exigido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo de la Guardia Civil”, considera que el motivo de la petición “se encuentra suficientemente informado (sic) mediante la reciente publicación en la Intranet corporativa, el pasado 27 de enero, de una nota informativa que aclaraba las causas de las incidencias, el proceso que se había seguido para corregirlas y el alcance cuantitativo de sus efectos que se habían producido”.
Éste es el respeto que muestran tanto el Ministro, Juan Ignacio Zoido, como el Director General, José Manuel Holgado, a los trabajadores de la institución más valorada por los españoles. Tras sus primeras palabras, llenas de buenas intenciones, llega el momento de revelar su verdadero rostro, que no es otro que el de unos ejecutores continuistas del lobby del Generalato en la Guardia Civil.
Y eso que hubieran tenido muy fácil continuar la mascarada, simplemente accediendo a convocar un pleno que han solicitado en común todas las asociaciones. Sin embargo, ni siquiera se han molestado en guardar las formas, renunciando con prepotencia a los cien días de cortesía que tradicionalmente se conceden a los políticos que acceden a un nuevo cargo. Ni esto les importa, al parecer.
Una circunstancia tan grave como el hecho de que miles de guardias civiles se hayan encontrado de la noche a la mañana sin buena parte de su salario no parece suficiente para que los responsables de este desaguisado den la cara ante los representantes de los guardias civiles, a los que vuelven a despreciar.
AUGC comprueba, de este modo, cómo se desvanecen las esperanzas de que el nuevo equipo al frente de Interior mostrase un talante de diálogo y respeto que les distanciase de su predecesor. Lamentablemente, el Gobierno sigue ofreciéndonos más de lo mismo. Que sepan que los guardias civiles seguiremos sin resignarnos ante sus abusos.
Ante esta situación se evidencia nuevamente la necesidad inaplazable de una revisión en profundidad de la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, por la que se actualice el papel de las asociaciones profesionales en el Consejo. Porque la democracia sigue siendo una aspiración muy lejana en la Guardia Civil, como tristemente hemos vuelto a constatar.
