Si las retribuciones y la jornada laboral son las cuestiones que más pueden interesar a todo trabajador, la actual falta de soluciones al respecto que aqueja a servidores públicos con escasas herramientas de defensa y discriminación endémica con respecto a otros cuerpos policiales, como somos los guardias civiles, se torna agobiante desde el momento en que gobiernos y formaciones políticas reconocen la desigualdad manifiesta, sin que nunca parezca llegar el momento de que ésta se resuelva.
Menos aún ahora, porque, como parece, el Gobierno ya ha descartado para la presente legislatura cualquier posibilidad de recuperación alguna del nivel adquisitivo para los funcionarios, tras haberse pactado entre las dos fuerzas políticas más representativas el techo de gastos, como medida que recoge la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, para contener el déficit público.
Porque al margen de crisis, pretextos y demás cuestiones coyunturales, lo cierto es que estos dos derechos profesionales –retribuciones y jornada laboral dignas–, vinculados entre sí, están teniendo un recorrido específico sobrardamente polémico en la Guardia Civil desde que entraron en vigor en abril de 2015 las dos ordenanzas que regulan los incentivos al rendimiento y sobre jornada y horario de servicio.
Hemos de recordar que AUGC llevaba años reivindicando una nueva norma que acogiera conjuntamente jornada laboral y productividad, pues la una no se entiende sin la otra. Esta regulación llegó de manera separada, y ahora estamos viendo las consecuencias. Por tratarse de una norma que mejoraba la anterior, y que recogía negro sobre blanco la creación del trabajo a turnos en el plazo de un año desde su entrada en vigor –abril 2015- AUGC votó a favor de la nueva Orden General de Jornada Laboral. Pero el tiempo ha demostrado que en la Guardia Civil la impunidad existe. aunque las normas se reflejen en articulados. Sin embargo en cuanto a productividad nos posiciónanos en contra desde el primer momento, pues ya se podía vislumbrar que era una norma compleja, demasiado extensa y llena de formulas indescifrables. Una norma que auguraba cambios para que nada cambiase, como así ha sido.
Si nos centramos en la regulación de jornada laboral y horario de servicio, vemos que aún no se ha desarrollado el trabajo a turnos con cadencias fijas. Esto se debe sobre todo a que en realidad siempre ha faltado en los responsables ministeriales y altos mandos del Cuerpo la verdadera intencionalidad y decisión en aplicar una jornada laboral moderna y eficaz para el servicio público de seguridad que desarrollamos los guardias civiles. Que casi dos años después de su entrada en vigor siga sin haberse desarrollado un régimen de servicio a turnos da muestras de ello. Pero para colmo, esta reglamentación ya adoleció en su génesis de algo que necesariamente abocaría al atasco actual: un estudio económico de impacto, el cual, al menos teóricamente, debería haber venido de la mano de la reforma de la Orden general de incentivos al rendimiento.
Pero lo cierto es que su modificación no resolvió todas las deficiencias que tan impopular ha hecho -y sigue haciendo– el reparto del complemento retributivo de productividad entre los guardias civiles.
De entrada, porque la tramitación llevada a cabo por la Subdirección de Personal vino acompañada por enormes dosis de oscurantismo y complejidad (a los únicos que algo podrían haber alegado, los vocales del Consejo de la Guardia Civil, se les facilitó una información sesgada), que a la vista de los resultados consiguió lo pretendido por los mandos responsables de elaborarla: cambiarlo todo en apariencia para que nada cambiara en realidad. Recordemos que el 80% de la productividad es repartida entre el 20% de la plantilla de la Guardia Civil.
Porque la actual Orden General por la que se regulan los incentivos al rendimiento (productividad) sigue articulada con los mismos parámetros que la anterior norma, los cuales son contrarios a derecho, y así lo han dictaminado numerosas sentencias, pues una parte importante del montante de productividad se ha convertido en una retribución fija y periódica, fundamentalmente para puestos de jefatura y servicios burocráticos. Esto nada tiene que ver con el fin para el que fue creado, pues el espíritu de la norma es retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, y su contribución a la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa de objetivos.
Lo contrario es desvirtuar la Orden General, como así viene ocurriendo desde que se creó este incentivo. Así como, e insistimos en que ambas normas deben ser aprobadas en un solo texto pues su conexión así lo requiere, la productividad también tiene su razón de existencia en remunerar especiales situaciones derivadas del servicio, horas nocturnas, festivas, exceso de la jornada, los cambios de servicio y otros conceptos que aparecen vinculados a la jornada laboral de los miembros de la Guardia Civil.
Llegados a este punto, recogemos una reivindicación de AUGC que no es otra que la dignificación de la labor de quienes prestan servicios operativos, pues se merecen una retribución mayor de la que existe actualmente que, como dijimos en la reunión mantenida con el Director General del Cuerpo, hace que se pague la hora nocturna a 1.03 euros y la festiva a 2,05 euros, unas cantidades irrisorias. Estos conceptos de nocturnidad, festividad, exceso horario, cambio de servicios y la necesidad de recoger un complemento de turnicidad por la plena disponibilidad y realización de servicios en cualquier tramo horario y día de la semana, son los que hay que priorizar y aumentar, para a continuación redistribuir el resto de la partida presupuestaria.
Pero, como decimos, en el año 2015 – y no sería por no pedirlo insistentemente AUGC – la Dirección General de la Guardia Civil perdió una buena oportunidad de modernizar las retribuciones del Cuerpo, que podía haberse gestionado lógicamente por medio de un eficaz Catálogo de Puestos de Trabajo, algo de lo que también carecemos, y que cuando llegue, si es que llega algún día, deberá definir las funciones específicas de cada guardia civil.
De modo que una obsoleta gestión de los recursos humanos, unido al propio interés en no perder “parte del pastel” por parte de las altas jerarquías, nos ha llevado a una regulación de la productividad caótica y que obviamente, fomenta el clientelismo en el Cuerpo.
Y de aquellos polvos han venido estos lodos, es decir que la mayor parte de los males que padecen los guardias civiles son la consecuencia de errores o desórdenes existentes en la Subdirección de Personal, pues la actual polémica surgida porque la Dirección General se ha visto obligada a “regularizar” en la última nómina lo retribuido por productividad para un 60% de la plantilla es consecuencia, en realidad, de un sistema oscurantista, enormemente complicado y que a la postre lo único que persigue, aplicando una fórmula ciertamente incomprensible, es “penalizar” el incentivo correspondiente al trabajo realizado en horario nocturno, festivo o en horas de exceso. Vamos, para entendernos, pagar menos por esos conceptos.
Prueba de todo lo anterior es que los afectados por esta desastrosa gestión en la productividad, son únicamente aquellos encuadrados en el régimen general, es decir, se encuentran entre los 50.000 guardias civiles, en números redondos, que realizan servicio operativo.
Otra evidencia del caos y la ineficacia del sistema, es que, según datos facilitados por la Guardia Civil, ha habido 27.643 perceptores a los que se les ha devuelto dinero, porque se le abonó menos durante un año y dos meses, pero ninguno ha reclamado, y no lo han hecho sencillamente porque nadie se entera de cómo funciona el enrevesado sistema; ni siquiera ahora puede nadie saber si lo abonado o detraído es correcto, o si vendrán otras “regularizaciones”. Pero las consecuencias sí parecen claras: los responsables de la gestión en la Guardia Civil han roto el principio de confianza entre los trabajadores del Cuerpo y la Institución.
Para terminar, compañeros/as, nos gustaría recordaros una fecha importante, porque si las dos órdenes generales a las que hemos aludido en este texto, las que regulan actualmente la jornada laboral y la productividad, entraron en vigor en abril de 2015, apenas siete meses más tarde – el 14 de noviembre -, recorrió las calles de Madrid adyacentes a los órganos centrales de la Dirección General la mayor manifestación de guardias civiles acaecida hasta hoy, y motivada en gran parte por lo que hasta aquí hemos relatado.
Y es cierto que ahora tenemos un nuevo equipo ministerial, al que AUGC ya está pidiendo una acción política decidida para abordar los graves problemas estructurales que sufren los guardias civiles. Pero del mismo modo, lo primero que se ha hecho es recordarles lo que ocurrió el 14-N de 2015, con el propósito de dejar claro que los guardias civiles ya no nos resignamos y que, si es preciso, volveremos a salir a la calle para trasladar a la sociedad que la democracia está en deuda con los guardias civiles, porque es hora de afrontar la modernización y equiparación salarial y laboral de sus integrantes.
