Mientras que para los guardias civiles la implantación de turnos de trabajo (firmada por la Dirección General y comprometida para haberse hecho realidad ya desde el pasado 1 de abril) es una cuestión prioritaria, para la Guardia Civil resulta algo a evitar, como se demuestra que haya vuelto a dejar la jornada laboral fuera del programa de grupos de trabajo previstos para septiembre y octubre.
Entendemos que no debe de resultar cómodo para la Dirección General que AUGC le siga recordando que existe una Orden General firmada en la que se recoge claramente este compromiso, pero seguir ignorando este asunto no sólo resulta cobarde e indecente, sino que demuestra el nulo rubor que sienten al seguir resistiéndose a acatar una normativa firmada por ellos mismos.
En este sentido, ya el pasado mes de julio la propia Fiscalía General del Estado, tras denuncia presentada por AUGC, reconocía que la pasividad del Director General de la Guardia Civil está provocando el retraso en esta implantación de turnos. Pues bien, pese a este pronunciamiento parece ser que Fernández de Mesa continúa en su terca estrategia basada en dejar pasar el tiempo antes que cumplir su compromiso.
Con esto, la Dirección General continúa ignorando una norma de obligado cumplimiento que debía estar aplicándose desde hace casi medio año. La omisión de un grupo de trabajo dedicado a abordar y resolver de una vez este compromiso vuelve a evidenciar una intolerable falta de respeto a los trabajadores de la Guardia Civil, que siguen siendo tratados como funcionarios de segunda, al verse privados de derechos sociolaborales que sí disfrutan el resto de policías españolas, como es el de sindicación, sin ir más lejos.
En este sentido, la implantación de turnos de trabajo como los que ya disfrutan los compañeros de la Policía Nacional, resulta fundamental para que los guardias civiles puedan de una vez por todas conciliar su vida laboral con la familiar.
AUGC recuerda que no se trata de una petición nueva ni algo que nos deban conceder generosamente, sino un compromiso firmado cuyo incumplimiento sitúa a la Dirección General fuera no ya de la moralidad, sino de la propia legalidad.
