El Gobierno anunció el pasado día 19 de octubre el Acuerdo para la Función Pública que se había alcanzado con el apoyo de los principales sindicatos. Entre las medidas acordadas y que afectan a los Guardias Civiles figura una subida salarial del 8 % (pudiendo llegar a los 9,5 puntos porcentuales según variables económicas), la reclasificación de los integrantes de la Escala de Cabos y Guardias del Subgrupo C1 al B, una actualización de la cuantía destinada a los gastos de desplazamiento por razón de servicio (kilometraje) sin afectar a la manutención y alojamiento y, por último, se produce la derogación de los recortes contemplados en el Real Decreto-Ley 20/2012 pero sin hacer lo propio con el RD 8/2010, con el que se recortan tanto las dos pagas extraordinarias como los trienios.
Como es evidente, existen avances pendientes y que tampoco acoge el citado Acuerdo. Por ello, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha procedido a elaborar un documento de 49 páginas con 19 enmiendas y lo hemos remitido, a modo de propuesta, a los diferentes Grupos Parlamentarios. Son reivindicaciones que siguen estando en primera línea y han de incluirse por la mejora de todos los agentes del Cuerpo. A continuación, resumimos y mencionamos algunas de estas enmiendas para los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
La equiparación salarial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es uno de los pilares fundamentales del documento remitido, así como la aprobación de una Ley que garantice que no se producirán disfunciones salariales de este tipo, como hemos peticionado. La no aplicación del Código Penal Militar sobre el personal de la Guardia Civil también ha quedado justificada en el documento de enmiendas, así como el derecho de sindicación para tener una mayor fuerza o la revisión del actual funcionamiento del derecho de asociación profesional. Cuando no se ve limitado, se ve impedido.
Otro de los avances básicos solicitados y que se tienen que producir es el de una jornada laboral con turnos con cadencias fijas y la homologación de las horas de servicio en la Guardia Civil con el resto de Cuerpos policiales. La actual disparidad, por ejemplo, con respecto a la Policía Nacional, es el mejor reflejo de la discriminación del Ministerio del Interior. Además, somos los únicos que sabemos con una semana de antelación qué servicio tendremos el mes próximo. Así es prácticamente imposible conciliar la vida laboral con la familiar y por parte de la Dirección General no hay ningún atisbo por revertir la situación. Como sostenemos en la propuesta de enmienda y hemos informado a los Grupos Parlamentarios, es urgente que el Gobierno actúe para que logremos alcanzar la equiparación real y efectiva en este ámbito.
Dos de las enmiendas propuestas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles incluyen la cuestión de las indemnizaciones. La primera corresponde a la por razón del servicio –no sólo debe incluir los gastos derivados del desplazamiento, también por el alojamiento y la manutención derivados las comisiones de servicio–. Las cuantías no se actualizan desde el año 2002 y son insuficientes, además de escasas. Por otro lado, hemos utilizado esta vía para reclamar, del mismo modo, una dotación en los Presupuestos Generales del Estado para indemnizar a los agentes que hayan tenido que utilizar su vehículo particular por razón del servicio.
La cuestión de la territorialidad queda recogida en el documento remitido a los parlamentarios. Son varios los aspectos del bloque, que está encabezado por la modernización del despliegue territorial de la Guardia Civil para potenciar el servicio con el apoyo del personal de reserva en aquellos los territorios que están bajo responsabilidad del Cuerpo. La ‘España Vaciada’ es una muestra de lo necesario que es una igualdad de servicios con respecto a las poblaciones más habitadas. Hay que evitar que existan núcleos sin Unidades presenciales activas.
En cuanto a los complementos retributivos en función del territorio, proponemos que se incluya para los Guardias Civiles uno similar al de la Policía Nacional, el denominado ‘R3 territorialidad’. Con una autorización de crédito extraordinario sería posible abarcar las mismas condiciones que la Policía y para las mismas 11 zonas geográficas. En este sentido, AUGC ha justificado en las enmiendas que el “complemento de destino por circunstancias especiales” de las Islas Canarias tiene que incrementar en un 50 % del total para 2023, un 25 % para 2024 y otro 25 % para 2025. La penosidad de ciertas áreas en lo relativo a la elevada carga de trabajo, el alto coste de vida o la peligrosidad hace necesario que en lugares como Cataluña, Baleares o Campo de Gibraltar sean declaradas Zonas de Especial Singularidad con una dotación económica adicional, como indicamos a los Grupos Parlamentarios.
Los avances para los Guardias Civiles implican modificaciones legales. En el documento de AUGC ha quedado peticionada la aprobación de una nueva Ley de Personal que haga posible la reclasificación funcionarial de la Escala de Cabos y Guardias del Subgrupo C1 al Grupo B. Otro de los cambios sobre los preceptos normativos incluidos en las enmiendas enviadas afecta al Real Decreto 8/2010. Debe derogarse para que no haya más recortes sobre las dos pagas extraordinarias ni en los trienios y, como tal, los Presupuestos Generales de 2023 tienen que adaptarse. Ocurre lo mismo con el Régimen Disciplinario, para el que requerimos su reforma, así como la modernización de los estatutos de la Ley Reguladora de los Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil.
La cuantía del Plan de Acción Social para los integrantes del Cuerpo tiene que aumentar, ya que la partida presupuestaria es inferior que para la Policía Nacional a pesar de que la plantilla es menos numerosa y también porque la Guardia Civil sigue teniendo una presencia mayoritaria en medios rurales. Para los agentes jubilados, en situación de retiro, sus viudas y huérfanos, solicitamos a los Grupos Parlamentarios que pongan fin al copago farmacéutico. La finalidad es que los colectivos mencionados integrados en las tres mutualidades del Estado -MUFACE, ISFAS y MUGEJU-, así como sus beneficiarios y pensionistas de la Seguridad Social, puedan disfrutar de una igualdad real y efectiva a la hora de acceder a los medicamentos sin abonar ese 30 %.
No tiene menor importancia la necesidad de democratizar y adaptar a los tiempos actuales a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, de afiliación y cuota obligatoria pero cuyo órgano de gobierno no se configura mediante un proceso electoral elegido por los asociados. Por último, AUGC también ha propuesto en las enmiendas una mayor dotación presupuestaria para las subvenciones a las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, ya que la partida destinada a los Sindicatos de Policía Nacional es mayor.
