Hoy se ha celebrado un grupo de trabajo para modificar la Orden General de productividad aprobada el pasado año. Para ello, la Dirección General de la Guardia Civil adelantó un texto con los cambios que pretende hacer. Al margen de algunas Unidades muy concretas, la mejora de las prestaciones afecta, principalmente, a oficiales y suboficiales.
Lo primero que ha llamado la atención de la Asociación Unificada de Guardias Civiles es el impacto económico que supone la presente modificación de la Orden General: 229.732,48€ anuales. Pese a ello, según se nos trasladó por escrito, no afecta al resto de productividades estructurales, pues existe crédito para afrontar el gasto. Y esto no es lo más grave. Según se ha reconocido en el grupo de trabajo, además de que existe crédito para el pago suplementario de la modificación, en el caso de que Hacienda no autorice otra partida presupuestaria para afrontar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la productividad estructural -28 millones de euros adicionales-, se hará frente con el presupuesto de este año.
Esto es realmente grave: María Gámez faltó a la verdad en el año 2021 cuando se negó a subir el porcentaje de productividad ERG para compensar a los Guardias Civiles que trabajan operativamente. También cuando no quiso aumentar el importe de las horas nocturnas, festivas o de especial significación. Se escudó en que no se disponía de presupuesto suficiente para ello. Sin embargo, ahora parece que sí hay dinero para asumir los más de 200.000 euros de esta reforma y para hacer frente a los 28 millones que suponen los efectos de la sentencia del Supremo. Está claro que ocultó dinero y nos mintió a todos. La información que se nos ha proporcionado en el grupo de trabajo evidencia la nefasta gestión que está haciendo del dinero público.
Así, mientras que ha racaneado hasta límites insospechados los servicios extraordinarios, pagando menos por un servicio extraordinario (80 euros) que por las horas de exceso (8 horas de servicio por 12 euros la hora= 96 euros), para partidas presupuestarias destinadas a compensar situaciones extraordinarias y que deben ser justificadas tal y como establece la orden general de jornada y servicios (jornadas de 40 horas), ha destinado cantidades económicas considerables, convirtiendo lo excepcional en norma y pervirtiendo el sentido de las mismas.
Por ello, AUGC ha expresado su perplejidad por la falta de información, la ausencia de transparencia y por el manejo del dinero público a su antojo. En lugar de invertir ese dinero en dar un servicio al ciudadano, lo destinan al pago de sobresueldos. Todo ello, mientras se ningunea al personal operativo que realiza servicios nocturnos, festivos y servicios extraordinarios, que se enfrentan a todo tipo de riesgos y por ello perciben cantidades ridículas.
No podemos olvidar que se nos presenta ahora el dinero que la Guardia Civil pretende destinar a la subida y el abono de las consecuencias de la aludida sentencia del Tribunal Supremo sale de la productividad de objetivos de finales de año; la denominada “bufanda”.
Año tras año observamos que en el Cuerpo Nacional de Policía se cobran cantidades superiores que en la Guardia Civil, pero este año podríamos llegar a percibir cantidades irrisorias o, directamente, no percibir productividad por objetivos.
También resulta destacable que, en el momento en el que alguien propone algún cambio, la Administración contesta que “no se pretende hacer una modificación sustancial de la norma”. Quieren cambiar sólo lo que a ellos les interesa y las Asociaciones desconocemos si son cambios sustanciales o no porque, una vez más, nos faltan datos para poder trabajar. La falta de transparencia es más que patente además de un impedimento.
Desde AUGC consideramos que no podemos fiarnos de alguien que hace poco más de un año ha mentido alegando una falta de dinero que no existía. Consideramos que alguien que es incapaz de defender su postura con la verdad no puede seguir ni un minuto más al frente de la Dirección General. María Gámez es incapaz de defender su postura con la verdad. Si no quiere pagar a los agentes que dan servicio al ciudadano como les corresponde, que lo diga directamente, pero no busque justificaciones en una falta de dinero que se ha demostrado falsa.
Los Guardias Civiles siguen discriminados y mal pagados, y desde la DGGC no solo parece no importarles ni querer poner solución, sino que pretenden continuar agravando esta injusticia.
