El PP lleva al Senado una propuesta para que sea delito ejercer de "petaquero” endureciendo el Código Penal en los delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluida la tipificación como delito autónomo de las actividades de los denominados “petaqueros” con penas que van de los tres a los ocho años a quien abastezca a las "narcolanchas" con combustible, así como el aumento de las penas para el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, y la incorporación de agravantes en los casos de ataques a agentes con embarcaciones.
Los petaqueros son unas pequeñas embarcaciones, de dimensiones menores a las narcolanchas, que ejercen de nexo y facilitan el flujo del narcotráfico entre las costas de Marruecos y el Campo de Gibraltar. El procedimiento que llevan a cabo es el siguiente: Las narcolanchas esperan a kilómetros de la orilla en alta mar y estas pequeñas embarcaciones, permitidas en España, les hacen llegar el combustible para que puedan seguir llevando la droga a la costa. Al principio eran jóvenes quienes realizaban esta actividad, pero se han formalizado organizaciones conexas con el narcotráfico que logran grandes beneficios con un mínimo riesgo y las embarcaciones se fabrican en su mayor parte en Portugal. Esta actividad es cada vez más frecuentada por menores, iniciándose así en el narcotráfico.
Desde AUGC llevamos tiempo reclamando que es necesaria una tipificación de este delito de forma independiente para su prohibición y que se pueda redactar una ley específica sobre el transporte de combustibles. Además, con la falta de medios terrestres y acuáticos es imposible interceptar las embarcaciones de los petaqueros que salen cada día.
Actualmente, el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, regula las medidas contra las embarcaciones que llevan a cabo tráfico ilegal de personas y mercancías. En la normativa, se incluyen las embarcaciones que presenten más de ocho metros de eslora o que, en su defecto, tengan una medida menor pero una potencia de motor superior a los 150 kilovatios.
En España el ‘petaqueo’, solo se sanciona en el caso de que se supere el valor de 50.000 euros en bienes incautados, con pena irrisorias de prisión de uno a cinco años y multas que pueden multiplicarse hasta seis veces el valor de lo incautado.
Estas propuestas legislativas representan un avance necesario para enfrentar el narcotráfico, un problema que afecta gravemente a la seguridad pública, a la salud de los ciudadanos y a la integridad de los agentes que combaten en primera línea a estas redes criminales. Sin embargo, desde AUGC queremos insistir en que estas reformas normativas deben ir acompañadas de una estrategia integral y recursos adecuados para garantizar su eficacia.
Por ello, y aunque apoyamos esta iniciativa que endurece el Código Penal en los delitos de tráfico de drogas, insistimos en que esta medida debe ir acompañada de un aumento de recursos y personal para los agentes, formación especializada para combatir redes criminales cada vez más sofisticadas, mejora en la protección laboral y jurídica de los guardias civiles, creación de juzgados especializados en este ámbito, mayor protección jurídica para los agentes en sus actuaciones y reforzar el principio de autoridad, modificando el código penal que aumente el castigo penal por agresiones a los agentes y una apuesta por la cooperación internacional y las políticas preventivas que aborden el problema de raíz.
