Todo comenzó hace unos meses cuando dicho oficial comenzó a denegar las peticiones de asuntos particulares a sus subordinados. Ante tales circunstancias los agentes recurrían dichas resoluciones al encontrarlas contrarias a derecho, dado que no había ninguna razón de peso que justificara su denegación.
Esto fue el detonante por el cual el Teniente emprendió una cruzada contra todo aquel que recurrió dichas resoluciones o, simplemente daba su opinión a algunas órdenes o instrucciones que daba el jefe. Llegando incluso a abrir varios expedientes disciplinarios por unas supuestas faltas graves a dos agentes de la Unidad, archivadas por falta de tipicidad de los hechos y, gracias al trabajo realizado por los servicios jurídicos de AUGC Cáceres, llevados por la Letrada Paloma Lobato Vargas.
A raíz de dicho hecho, la situación se vuelve insostenible para los guardias que fueron expedientados por unos hechos totalmente atípicos (no constituían falta disciplinaria alguna); teniendo que sufrir estos, perjuicios en sus cuadrantes de servicio por la falta de equidad con respecto al resto de componentes de su Unidad. Recibiendo informes negativos, sin argumentación justificable que realizaba dicho oficial a sus superiores inmediatos, siéndoles denegadas sus solicitudes para ir comisionados como seguridad a la Vuelta Ciclista de España.
En una ocasión uno de los agentes fue inicialmente seleccionado para la seguridad en la Vuelta Ciclista de Extremadura, pero fue apartado a última hora de la referida comisión, a instancias de dicho Teniente al informar negativamente a sus superiores, por lo que le bajó considerablemente la calificación de la evaluación bianual que realizó su jefe inmediato, haciendo constar comentarios negativos y personales entre otros, como el que “era reacio a subordinar las propias opiniones, convicciones o preferencias, a las decisiones del mando”.
También se les realizan vigilancias constantes en el servicio a cualquier hora, medida que no se realiza con el resto del personal de la Unidad, lo que conlleva que dichos agentes se desestabilicen y sufran presión en el desempeño de sus labores profesionales.
De igual modo, sufren agravios constantes en el servicio con respecto a otros componentes, tales como el hecho de dejar notas en el Destacamento en el que responsabiliza a su compañero en situación de baja de las variaciones en el servicio que sufren los componentes del Destacamento, lo que contribuye a crear mal ambiente entre los componentes del mismo.
Y por último y, no por ello menos gravoso, consideramos que el detonante se halla en la remisión de documentación médica de unos de los guardias que fue expedientado, al Cuartel de la Guardia Civil donde tiene la residencia temporalmente concedida, sin encriptar, obviando con ello respetar la protección de datos del referido componente y la normativa de la Guardia Civil y la de la agencia de protección de datos para este tipo de casos, máxime cuando se trata de documentos médicos. Al ser enviada sin encriptar, ha podido ser vista y leída por cualquier componente de la Unidad, y con ello tomar conciencia de que dicho guardia civil estaba de baja y, la causa de la misma.
Estos hechos evidentemente vulneran la Ley de Protección de Datos, así como otra normativa en relación a los derechos que asisten a los pacientes en cuanto a sus informes médicos personales y, que este Teniente ha vulnerado; siendo esto inconcebible al ser un integrante de las FCSE y, a la vez un Mando, al que se le presume una adecuada formación y adecuación de sus actos a la legislación vigente.
Ante los hechos descritos anteriormente, esta Asociación ha puesto a disposición del agente sus servicios jurídicos por si desea emprender acciones legales contra este Oficial, en el caso de que pudiera haber incurrido en algún ilícito penal o disciplinario.
Cabe mencionar que desde que este oficial está al mando del Destacamento de Tráfico de Trujillo, se ha causado la baja para el servicio de 3 agentes, todos ellos por motivos psicológicos, un dato muy importante a tener en cuenta.