El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, una Proposición No de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiese impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado.
La Subcomisión tiene como objetivo elaborar un informe con el fin de identificar y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género.
La Subcomisión tendrá de plazo hasta diciembre de 2024 para acometer la actualización de la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España, que quedó pendiente la pasada legislatura. Serán 15 diputados que trabajarán en la realización de un diagnóstico sobre las medidas necesarias para combatir mejor las violencias contra las mujeres.
La solución que proponemos desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles tiene una triple vertiente. Como indicamos, destinar a los compañeros en reserva a estas Unidades sería una propuesta eficiente. A la vez de paliar la falta de personal que hay en los Equipos VioGén y en el resto de Unidades, con ello, se dejaría de dañar a Seguridad Ciudadana y serviría para dar cumplimiento a la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación Salarial: a través de la misma se deberían dotar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada. Tras la correspondiente formación especializada, se podría prestar una atención apta a las víctimas, motivo por el cual las funciones realizadas en el ámbito de la Violencia de Género, tendrían que ser reconocidas como una especialidad pero, como indicamos, bien creada desde su base y dotando a la Unidad con los recursos necesarios de los que hoy carece para afrontar esta lacra.
El servicio que se le da a la víctima podría ser de mejor calidad, proporcionándole una mayor protección si los medios fueran suficientes y adecuados. La Ley ya establece las medidas, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben disponer de herramientas para hacerlas eficaces. Este problema exige la transversalidad de actuación de varios organismos y áreas, partiendo de la educación, información y formación.
También y a la luz de las recientes modificaciones introducidas en los protocolos de acoso, actualmente vigentes en la Guardia Civil, los cuales no eran del todo garantistas con las víctimas, incorporan medidas que suponen de nuevo un retroceso, en lo que a seguridad jurídica se refiere. Afirmación que no es gratuita como veremos a continuación:
- Las víctimas debían y deben comunicar al superior jerárquico de la persona que presuntamente las acosa la situación, con la última modificación, las presuntas víctimas de acoso sexual también pueden comunicarlo a través de cualquier vía y sin que sea preciso dejar constancia escrita, al personal experto en materia de género integrado en el Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil. Pero sigue resolviendo el superior jerárquico, en este caso el General Jefe de Zona, y si la resolución dada no es la esperada, el protocolo no contempla poder recurrir, amén, de la más que posible probabilidad de que la víctima acabe sancionada, al tratar el protocolo dicha denuncia como una “denuncia falsa”.
- Las víctimas no podían ir acompañadas a la toma de declaración a las que tuviera que asistir, pues no se encontraba regulado y éstas debían acudir solas, encontrándose en situación de total desamparo. Ahora se les permite ir acompañadas, pero de una persona de su elección que pertenezca al Cuerpo, negando el acompañamiento de toda persona que no pertenezca a la Guardia Civil. Es decir, se impide a la víctima acudir acompañada de cualquier profesional de la justicia o de apoyo emocional ajenos a la institución, lo que vulnera muchas normas, entre ellas el estatuto de protección a las víctimas del delito que establece en su artículo 4.c, que recoge: “la víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios”. como se puede ver la ley no limita la elección algo que sí hace la Guardia Civil. Ante ello, nos preguntamos, ¿a qué temen impidiendo dicha asistencia?
- Una vez que se informaba de los hechos, la víctima no volvía a saber nada, no se le comunicaba si se abría o no expediente sancionador o si se cerraba el protocolo sin más. Ahora, desde la Jefatura de la Zona o unidad similar se le debe mantener informada de las actuaciones realizadas, así como de las medidas de asistencia y apoyo disponibles y del procedimiento para obtenerlas.
En AUGC, nos preocupa que, las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral de la propia Guardia Civil, no den el paso de denunciar ni de forma interna, haciendo uso de los protocolos (por sus faltas de garantías jurídicas) como en los juzgados.
Por todo lo anterior, desde AUGC, exigimos protocolos garantistas, fuera de la cadena de mando que protejan a las víctimas como hace el recién publicado Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General de Estado.
