El pasado 31 de marzo, AUGC presentaba una denuncia ante el Juzgado de lo Social de Madrid.por la que se solicitaban "medidas cautelarísimas en materia de riesgos laborales contra el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Guardia Civil (...) a fin de garantizar la salud y protección de los funcionarios de la Guardia Civil, para que proveyese con carácter urgente e inmediato, en el plazo de 24 horas, a todos los miembros de la Guardia Civil de los siguientes materiales:
- Pruebas para detectar el covid-19 a todos los funcionarios miembros de la Guardia Civil.
- Gafas de protección, pantallas, viseras...
- Mascarillas FPP2 y FPP3.
- Batas, mandiles, y otra ropa de protección total del cuerpo.
- Guantes de seguridad.
- Mamparas de seguridad.
- Contenedores Grandes de Residuos.
- Desinfección de todas las dependencias de la Guardia Civil.
- Desinfección de todos los vehículos de uso para el servicio de la Guardia Civil.
Tras esta petición, y con fecha 2 de abril, el Juzgado de lo Social número 27 de Madrid se declara incompetente, al entender que se trata de una cuestión que afecta a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que se puedan instar la mismas ante el órgano competente. Sin embargo, no hace una expresa indicación de qué órgano pudiera ser, a su juicio, el órgano competente y tan solo refiere que podría resultar competente la jurisdicción contencioso-administrativa.
Peticiones y procedimientos como el que ha iniciado AUGC, han sido utilizados por otras organizaciones y colectivos y las decisiones que adoptado los órganos judiciales destinatarios de las iniciativas han sido del todo variopintas. Ha habido órganos que han acordado las medidas y otros que las han desestimado, todo ello con razonamientos muy divergentes, a veces contradictorios.
Ante esta situación, AUGC continuará con la exigencia ante órganos judiciales, del cumplimiento de las medidas necesarias para la preservación de la vida, la integridad física y la salud de los y las guardias civiles. La litigación estratégica se adaptará a este escenario verdaderamente complejo, con decisiones jurisdiccionales múltiples, divergentes e incluso contradictorias, que no dotan de una minina seguridad jurídica.
Los servicios jurídicos de AUGC formalizarán en los próximos días nuevas iniciativas jurídicas en la dirección de preservar los derechos fundamentales y profesionales de todos los miembros de la Guardia Civil y de sus familias.
