Los guardias civiles merecen una jubilación digna que refleje los riesgos significativos que asumen en el cumplimiento de su deber durante años de servicio. Es inaceptable que aquellos que velan por nuestra seguridad nacional se vean obligados a afrontar condiciones de jubilación precarias debido a la falta de índices correctores. Esta injusticia no tiene cabida en la seguridad pública de nuestro país.
Por ello, volvemos a hacer un llamamiento urgente al Gobierno para que reconozca finalmente la función de los guardias civiles como una profesión de riesgo y para que tome las medidas necesarias para establecer índices correctores adecuados que garanticen una jubilación digna.
Según recoge el BOE, la prestación ordinaria por jubilación en España se puede solicitar a partir de los 65 años y 37 años y 9 meses cotizados o a los 66 años y 15 años cotizados, aunque la edad puede reducirse con excepción de una jubilación anticipada, parcial o de personas con discapacidad. Además, los empleados que trabajan en un sector reconocido de forma profesional como peligroso pueden tener más facilidades a la hora de solicitar su jubilación. Esto quiere decir, que los trabajadores anteriormente mencionados se podrían jubilar a la edad de 59 años cobrando el 100% de la prestación por jubilación.
Dicha cuestión requiere, sobre todo, voluntad política y un compromiso firme con la seguridad de todos los ciudadanos. La aplicación de la medida beneficiaría a miles de servidores públicos que alcanzan año tras años la edad de jubilación y que ahora se ven sometidos a un agravio comparativo con el resto de operadores de la seguridad pública que únicamente excluye a la Guardia Civil de la denominación de profesión de riesgo.
Es inadmisible que los guardias civiles se retiren con una pensión que no refleje los peligros que enfrentan en su carrera profesional. Ya que todos los cuerpos del Estado a excepción de Policía Nacional y Guardia Civil cuentan con la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada, lo cual carece de todo sentido en una profesión como la que desempeñan que tiene igual o mayores condiciones de riesgo y penosidad.
Es hora de poner fin a esta discriminación y garantizar que aquellos que nos protegen a diario sean tratados con el respeto y la consideración que merecen.
