Los servicios jurídicos de AUGC trabajan cada año con denuedo para que se corrijan en los tribunales los abusos que se comete contra los guardias civiles por parte de la institución para la que trabajan. Por eso son cada año muchos los ejemplos de sentencias que dan la razón a los trabajadores y condenan al pago de las costas judiciales a la propia Administración.
A este pago, que al final repercute en todos los ciudadanos, debe añadírsele el empleo de tiempo y recursos valiosos que, de respetarse desde el principio los derechos laborales de los guardias civiles, se podrían ahorrar para emplearse de una manera más adecuada.
Se trata de unos gastos considerables que debe asumir el conjunto de la sociedad, y que incluyen la detracción para el servicio de trabajadores de la seguridad pública. Es el caso que provoca la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar en funciones policiales. Una situación que están sufriendo en este momento tres agentes de Sevilla por unos supuestos comentarios realizados de manera privada en una red social, y que pueden acabar en prisión por esta presunta actividad llevada a cabo fuera de servicio.
El enjuiciamiento de estos compañeros ante el Togado Militar supone detraer del servicio para prestar testimonio a diferentes mandos y guardias civiles, con uno de los compañeros de vacaciones, a los que durante este proceso se les tiene que abonar sus dietas correspondientes y otros gastos.
La consecuencia final de este despropósito es la posibilidad de que servidores públicos acaben en prisión por una simple desavenencia laboral, que podría fácilmente sancionarse por el régimen interno. Esta retirada del servicio de trabajadores valiosos para la seguridad pública se añade al elevado coste de los procesos por los que se les condena.
Desde AUGC volvemos a reiterar nuestro rechazo por esta aplicación del Código Penal Militar, así como frente a la pervivencia de prácticas desfasadas en algunos mandos, que suponen la conculcación de los derechos de los trabajadores. Unas actitudes que, finalmente, tras meses e incluso años de recorrido judicial, son enmendadas por los tribunales, generando unos costes que deben pagar todos los ciudadanos.
