Hace un año, en enero 2021, AUGC ya advertía a través de un comunicado la clara intencionalidad de la Generalitat de Cataluña de ir acaparando poco a poco competencias asumidas por la Guardia Civil en esa comunidad autónoma.
La primera evidencia de este propósito fue la noticia de la creación de una nueva unidad de Policía Marítima de los Mossos d’Escuadra en Cataluña, situación que podría abocar a la salida de los especialistas de la Guardia Civil del mar en esa comunidad.
Una línea que tomaba cuerpo en junio, cuando se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la disposición mediante la cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana daba luz verde a un acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
El convenio consistía en “la formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas”.
Un año después de aquel primer aviso, nos encontramos con un nuevo flanco en este ataque. En este caso tiene como objetivo el Seprona de la Guardia Civil de Cataluña, y se enmarca en un pacto en el acuerdo de los presupuestos de la Generalitat que ya ha sido planteado por el consejero de Interior. El objetivo es que las competencias del Seprona en esta comunidad las asuma el Cuerpo de Agentes Rurales.
AUGC reclama al ministro del Interior esclarecer la intencionalidad y fines de estos movimientos, que provocan gran incertidumbre y preocupación entre los agentes de la Guardia Civil allí destinados y sus familias, que temen el desarraigo que conllevaría un cambio de destino.
AUGC pide Zona de Especial Singularidad
Hay que recordar que AUGC lleva años reclamando el reconocimiento de Cataluña como Zona de Especial Singularidad, de manera que los guardias civiles destinados en esta comunidad autónoma vean reconocido un trabajo que deben llevar a cabo bajo circunstancias adversas.
Por ello reclama un plan integral de medidas económicas y sociolaborales para los guardias civiles destinados en Cataluña, destinado a mitigar tanto la pérdida de poder adquisitivo que vienen padeciendo los agentes como la elevada presión social que soportan por parte de sectores independentistas, tanto los agentes como sus propias familias.
Las medidas propuestas van más allá de lo económico y recogen reivindicaciones de mejoras en el ámbito sociolaboral, teniendo en cuenta el incremento objetivo de la presión sufrida por los miembros de las FCSE en Cataluña desde hace varios años
En este sentido, AUGC reclama una actualización de complementos retributivos que palíen el elevado coste de vida en la demarcación policial urbana y las dificultades de la prestación del servicio en entornos rurales con peor comunicación.
