AUGC ha presentado una denuncia ante la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio de Interior), tras la caducidad de licitación para la adquisición de nuevos chalecos antibalas en la Guardia Civil. Esta situación ha provocado que hayan tenido que ser retirados aquellos chalecos ya caducados, con la consecuencia de una nueva carencia de estas prendas de seguridad y la necesidad por tanto de compartirlas entre distintos agentes, con los consiguientes problemas de tallas y disponibilidad.
La vida útil de estos chalecos, fabricados en 2010, estaba establecida en diez años. La consecuencia de ello, tras el vencimiento sin éxito de la licitación para renovar las prendas, es que se ha eliminado la adjudicación individual de chalecos antibalas y se ha vuelto al uso compartido y colectivo para el personal destinado en una misma unidad operativa e, incluso, para varias unidades.
Al parecer, la fecha de caducidad era previamente conocida por los responsables de su adquisición en el ámbito de gestión de la Dirección General de la Guardia Civil, de tal forma que era perfectamente previsible que de no procederse a su renovación antes del término de caducidad, se produciría una situación como la que estamos describiendo, que impediría el uso individualizado y personalizado de chalecos antibalas por los guardias civiles, lo que pudiera ser entendido, presuntamente, por imprudencia en la gestión de los procesos de renovación, retirada y distribución o por haber adoptado medidas eficaces para evitar esta situación.
Desde AUGC desconocemos qué órgano/s o servicio/s de la Dirección General de la Guardia Civil es responsable de esta situación, pero lo cierto es que de la misma se desprenden o pueden desprenderse riesgos para la integridad física, la salud y la vida de los guardias civiles que deban hacer uso de esos medios de protección en el desarrollo y desempeño de sus funciones para el cumplimiento del servicio que tengan en cada caso asignado, al ser chalecos balísticos de uso compartido no individualizado en relación con la tallas y morfología de los mismos.
Por otra parte, la imprevisión en la renovación de los chalecos antibalas, que supone en muchos casos, que hayan de ser compartidos comporta un riesgo de salud añadido como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.
Por todo ello, AUGC reclama la depuración de responsabilidades que se puedan derivar de esta situación.
