La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla denuncia que se ha intervenido los teléfonos móviles y tarjetas SIM a tres afiliados de esta delegación para investigar la autoría de uno/s supuesto/s audio/s, por la posible comisión de delitos contra la disciplina “militar”.
El motivo al parecer, es que dichos audios fueron publicados en una red social (WhatsApp), dirigidos a un grupo de usuarios concretos (grupo privado). Tras llegar los audios de forma casual a algún oficial, se procede a la apertura de sendos expedientes por delito militar, porque, al parecer y según la cadena de mando, se “insulta” o “injuria” a dos oficiales por su forma de actuar y ordenar a los agentes a su mando, durante los inicios del Estado de Alarma.
Los citados audios tuvieron origen el 20 de marzo del 2020, en plena crisis por el Estado de Alarma, con órdenes contradictorias de la cadena de mando con respecto a las instrucciones de las autoridades sanitarias. En su investigación de la autoría de estos audios, la Guardia Civil habría empleado a personal del servicio de información. Es decir, la Benemérita detrae recursos destinados a luchar contra la delincuencia, para poder “encarcelar” a dos o tres compañeros, mediante la aplicación del Código Penal Militar, por el grave delito de “insulto a superior”.
Los guardias civiles son los únicos trabajadores a los cuales el “Estado de Derecho” castiga duramente con penas de privación de libertad por una supuesta infracción disciplinaria,
Todo ello en pleno siglo XXI, siendo los guardias civiles los únicos trabajadores a los cuales el “Estado de Derecho” castiga duramente con penas de privación de libertad por una supuesta infracción disciplinaria,
El audio, por el que supuestamente fue objeto de crítica el oficial, vino al parecer motivado porque éste había recriminado a los integrantes de una patrulla por usar durante el servicio de mascarillas propias, debido a la precaria salud de la unidad familiar de uno de los componentes (esposa con riñón operado e hijo con leucemia). Ante la negativa dela gente a quitarse la mascarilla particular que llevaba, fue amonestado verbalmente por el oficial supuestamente “criticado”, el cual le recriminó que el uso de la mascarilla durante el servicio creaba “estado de alarma” en los ciudadanos, a pesar de las razones objetivas esgrimidas por el compañero para persistir en su uso.
Casualmente en comparecencia ante los medios el día 22/03/2020, dos días después de lo relatado, el máximo responsable operativo de la Guardia Civil, Teniente General, Director Adjunto Operativo Laurentino Ceña, respondía ante esta problemática suscitada de negar a los guardias civiles el uso de mascarilla, incluso adquirida de forma particular, que “se habían dado instrucciones para que, quien quiera, pueda usar material de protección sin ningún problema”, contradiciendo lo expuesto por el citado Capitán con respecto a la limitación del uso de mascarillas.
Después de la denuncia por parte del citado oficial a los tres afiliados de AUGC, por un supuesto delito militar por “insulto a superior”, y dado que nadie reconocía la voz del audio, se procedió a archivar el procedimiento en el tribunal militar por falta de pruebas, porque no existe autor conocido de los hechos.
Pero el aludido Capitán, hoy ya Comandante, recurrió el auto de archivo, y tras solicitar que se volviera a examinar el audio, y dado que debe ser el original, el departamento de acústica de Criminalística de la DGGC indico que no se podía realizar una prueba sin aportar el original, por lo que se dictó nuevo auto en el cual se remiten las actuaciones a Policía Judicial para que investigue y encuentre el original, estando a la espera de que, por parte del departamento de informática, se examine el teléfono de estos compañeros para ver si encuentra el audio original.
Es decir se utilizan medios internos y se detrae personal para investigar unas supuestas infracciones disciplinarias, que en cualquier otro cuerpo se solucionan con el régimen disciplinario. Se crea un gasto innecesario al Estado, que pagan todos los ciudadanos, pues se detraen especialistas (Policía Judicial y Criminalística) que investigan delitos penales comunes, con riesgo de prescripción de pruebas de delitos comunes, para dedicarlos a satisfacer el afán militarista de un oficial y se crea un grave perjuicio a los agentes a los cuales se les ha intervenido sus teléfonos móviles “sine die”, que deberán seguir pagando sus facturas, y que estarán incomunicados al no poder tener acceso a su número de teléfono.
Una de las principales reivindicaciones de AUGC es que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, e incluso a situaciones producidas fuera de servicio. Se trata de una herramienta abusiva, arbitraria y a todas luces injusta, que supone que un trabajador, un servidor público, pueda acabar entre rejas como consecuencia de un insulto, pero es que en este caso, realizados en una red social y del ámbito privado.
