En la mayoría de las dependencias donde se ubican los calabozos del Palacio de Justicia de Huelva no existe un sistema de climatización, no hay ventilación y tampoco se han implantado dispositivos de video vigilancia. Todo ello forma parte de unos requisitos establecidos en las Instrucciones 11/2015 y 12/2015 que impartió la Secretaría de Estado de Seguridad. Siete años después, el Ministerio del Interior continúa sin subsanar estas carencias. Fue algo a lo que se comprometió y la anterior Defensora del Pueblo mostró públicamente su malestar por la circunstancia, pero la inacción institucional nos impulsa a interponer una nueva denuncia ante el Defensor del Pueblo y a volver a informar a la Dirección General de la Guardia Civil.
La falta de climatización y ventilación y el mal funcionamiento produce unas condiciones de insalubridad que pueden afectar a la salud de los detenidos y de los agentes que realizan las funciones de custodia. Hay que destacar que algunos presos padecen enfermedades infectocontagiosas y las extremas condiciones climatológicas de Huelva complican el trabajo diario en el centro penitenciario. La implantación de unos sistemas “que funcionen correctamente y que se acomoden a la climatología” es un requerimiento aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015, concretamente en el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’ que fue actualizado en mayo de 2018.
En el mismo Protocolo también se dispone que las instalaciones dedicadas a la custodia de detenidos, donde trabajan tanto Guardias Civiles como Policías Nacionales, “dispondrán de sistemas de video-vigilancia y grabación”. En el Palacio de la Justicia de Huelva tampoco se está cumpliendo. Son unos elementos necesarios para garantizar la integridad física de los funcionarios policiales que ejercen la custodia de los presos y también por la propia seguridad de las personas privadas de libertad.
Las concretas normas de la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad se dictaron para su cumplimiento y, con el mismo, lograr una protección más eficaz de los agentes y de los detenidos. Además, es necesario elaborar un protocolo que amplíe y desarrolle las pautas básicas establecidas siguiendo las sugerencias emitidas por los Órganos Interministeriales relacionados con esta materia y por el Defensor del Pueblo.
Los compañeros que prestan servicio en Centros Penitenciarios y que viven situaciones similares a las del Palacio de la Justicia de Huelva no pueden continuar con estas condiciones. Hemos tomado cartas en el asunto e instamos a que el Defensor del Pueblo realice su labor y a que la Dirección General de la Guardia Civil atienda a las necesidades de los trabajadores.
