Los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba plantearon una solicitud por la vía de resarcimiento para uno de los guardias civiles heridos por disparos de escopeta con cañones recortados en la localidad de Montalbán, realizados contra los agentes por F.M.D. desde el interior de la vivienda donde se atrincheró, al haber sido declarado insolvente el condenado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba.
El General Jefe de la Guardia Civil en Andalucía ha estimado los argumentos expuestos por los servicios jurídicos de AUGC y ha reconocido el derecho del agente, destinado en el Puesto de La Rambla, a ser resarcido por la Administración, abonándole los 1.429 euros que debería haberle pagado el condenado por los daños y secuelas causados por los disparos.
Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2015, y respecto a la actuación del guardia civil ahora indemnizado se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial que “el agente procedió a evacuar a su compañero herido sacándolo a la calle y colocándolo en una zona segura para a continuación y con intención de detener al acusado volver a acercarse a la puerta del inmueble, momento en que el acusado y con el mismo ánimo de matar volvió a disparar, recibiendo este el impacto en el brazo y costado derecho”.
El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado muy positivamente la resolución administrativa y ha declarado que “la Guardia Civil no podía sino estimar la pretensión planteada, porque es evidente que a este caso le es aplicable el principio de indemnidad que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y la consiguiente reparación que se deriva de dicho principio, teniendo en cuenta que nuestro afiliado sufrió por causa de su actuación pública unos daños, correspondiendo al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, asumiendo la indemnización al afectado por las lesiones y secuelas sufridas”.
La sentencia condenó al autor de los disparos como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, a penas que suman 34 años, así como a indemnizar a los guardias civiles heridos en diversas cantidades económicas que suman más de medio millón de euros.
