Los últimos acontecimientos en la Guardia Civil están poniendo al descubierto la necesidad de una renovación democrática en la cúpula del Cuerpo. Hay que recordar, en este sentido, que AUGC lleva años demandando la modernización de la institución y una transparencia en su gestión acorde a un Estado de derecho del siglo XXI.
El último ejemplo de esto lo encontramos en la elección del nuevo ‘número 3 de la Guardia Civil, el general de brigada Félix Blázquez, el cual, junto a otros mandos, se encuentra sometido a un procedimiento penal militar derivado de una denuncia por un presunto caso contra la integridad moral (infligir a otra persona un trato degradante, causándole un dolo o sufrimiento físico o psíquico, humillante, vejatorio) y prevaricación administrativa (un funcionario o autoridad pública, a sabiendas de su injusticia, por haber dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo) contra un agente destinado en el puesto alavés de Llodio, defendido por los servicios jurídicos de AUGC.
En esta denuncia, por hechos que se remontan al año 2015, se adjuntaba un informe pericial realizado por un Teniente Coronel doctor especialista en psiquiatría, en el que apuntaba que “desde su llegada al destino de Llodio se han producido una serie de problemas que a este perito le resultan cuando menos peculiares. El citado Guardia ha sido expedientado en tres ocasiones por unos motivos que nos parecen, por el relato que nos hace el informado, que debería ser investigados de forma más pormenorizada, ya que por lo que se nos relata pudiera ser constitutivo de un presunto acoso laboral. Siendo iniciada su baja por el psicólogo por diagnóstico de “personalidad anómala”, aspecto que no constatamos por la exploración hecha ya que lo único que se aprecia es un estado de estrés agudo por la presión laboral y los expedientes disciplinarios abiertos.”
Ahora este caso está siendo investigado por el Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid. Blázquez, recién nombrado nuevo mando de operaciones de la Guardia Civil, deberá declarar como denunciado junto a dos comandantes, un capitán, un teniente y un cabo primero, todos ellos pertenecientes a diferentes unidades de la Comandancia de Álava.
En este escenario, para AUGC resulta incomprensible este nombramiento, pues se lleva a cabo en unas circunstancias especialmente convulsas en el seno de la Guardia Civil, tras las decisiones tomadas a lo largo de los últimos días por el Gobierno en su objetivo de llevar a cabo un proceso de renovación.
No parece, sin embargo, que se acomode a criterios razonables de renovación, nombramientos que no hayan evaluado situaciones como la que se describen. Es decir, nombra para esta alta responsabilidad a quien, respetando la presunción de inocencia, está sometido a una imputación por hecho que pudieran merecer un grave reproche penal.
La Guardia Civil debe abrir las ventanas definitivamente, dejar de ser un Estado dentro de un Estado e integrarse en el pleno funcionamiento democrático como otras instituciones del país. Por ello, reincidir en el nombramiento para cargos de confianza máxima en personas bajo sospecha de la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones profesionales, no parece la mejor forma de acometer la renovación anunciada por el Ministerio del Interior.
AUGC llama a la reflexión para evitar situaciones que pongan en cuestión la imagen de la Guardia Civil. Hay que elegir a los mejores para los máximos cargos de responsabilidad del Cuerpo, que la prestigien y trasmitan a todos los guardias civiles, la plena confianza en sus mandos.
